Más de la mitad de los presos jerezanos cumplen condena en cárceles localizadas fuera de la provincia, según los datos con que cuenta la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Aunque la ley establece la obligación de que los convictos ingresen en la penitenciaría más cercana a su domicilio, Apdha mantiene que se está vulnerando sistemáticamente este derecho fundamental de los presos y de sus familiares con la excusa de que el alejamiento responde a «razones organizativas».

Instituciones Penitenciarias, que sólo facilita los datos a nivel provincial, reconoce que de los 2.200 reos gaditanos que tiene contabilizados, 950 están localizados en penales exteriores, aunque admite que el porcentaje puede variar circunstancialmente en función de los traslados continuos a que obliga la saturación de los presidios, y que puede aumentar y disminuir de forma considerable según el municipio al que nos refiramos.

Para Francisco José Bravo, abogado y responsable del punto de información jurídico penitenciario en la ciudad, el verdadero motivo del alejamiento premeditado de los presos jerezanos «es que padecen un sistema de sanciones encubiertas, por el que se les manda lejos de sus casas en cuanto presentan cualquier tipo de actitud que el responsable de la prisión considera molesta o inoportuna».

Actualmente hay presos jerezanos en cárceles de toda Andalucía, especialmente en Córdoba y Sevilla, pero también en presidios de Extremadura, Galicia o Cantabria. «Uno de los últimos casos en los que estamos trabajando es un joven del Polígono de San Benito que está cumpliendo condena en Santander, sin que se nos haya facilitado una explicación convincente ni a nosotros ni a sus allegados del por qué de esa barbaridad que, dada la precariedad económica de su mujer, lo está condenando a no contar con el apoyo de su familia».

Hay que tener en cuenta que, en la mayor parte de las ocasiones, los condenados proceden de zonas marginales, cuentan con una extracción social determinada por la precariedad de sus rentas y el alejamiento les obliga, literalmente, a ver a sus familias en contadas ocasiones por año.

Esta doble condena es algo habitual y está «completamente injustificada, porque hay presos de otras provincias cumpliendo condena en la nuestra, lo cual descarta esas razones organizativas que se argumentan desde Instituciones penitenciarias».

Para Francisco José Bravo, los traslados arbitrarios forman parte de un paquete de medidas sancionadoras que incluyen la eliminación de los permisos que les corresponden por norma o la negación del tercer grado a muchos presos «que no se limitan a obedecer, sin cuestionar nada y sin dar lo que ellos entienden que son problemas, y que muchas veces son sólo reivindicaciones relativas a la precaria atención sanitaria o a las comidas, por ejemplo».

Esta política de dispersión impide, según la asociación andaluza, que se consiga el verdadero objetivo de las condenas en prisión según establece la ley: la reinserción social de los presos. «Lejos de sus familias, con menos apoyos, y con la sensación de que se les está castigando doblemente, los afectados tienen muchísimas menos posibilidades de rehacer sus vidas, y lo que se consigue es que incidan en las conductas por las que se les penaliza». Desde la asociación se ha querido hacer un llamamiento a partidos políticos y colectivos sociales de la ciudad para que se impliquen en la denuncia de la situación.