Consecuencias extremadamente graves. Grupos peligrosos. Extraordinaria relevancia de un fenómeno inquietante. Y riesgo para el Estado de Derecho español. En estos términos, elocuentes de una sincera preocupación, se expresó ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, al referirse a la presencia del crimen organizado en la comunidad autónoma andaluza.

Durante la presentación de la memoria anual de funcionamiento de los órganos judiciales de Andalucía, Méndez de Lugo realizó un repaso de las situaciones más relevantes, y en este caso más preocupantes, a las que se enfrenta la Justicia cada día. Y al detenerse en las mafias el presidente no escatimó en calificativos. En plena vorágine marbellí, donde la corrupción salpica de lleno a la clase política, y con las tramas recientemente destapadas en la provincia de Cádiz como último escenario conocido, la cabeza visible de la justicia andaluza ha hecho un llamamiento para que se ponga freno a estas formas de criminalidad, para lo que las administraciones «deben disponer de todos los medios».

La costa andaluza es especialmente sensible a esta forma de criminalidad. Y no sólo por las conocidas mafias de los países del Este, ya que «la estadística muestra que sólo una pequeña parte de los arrestados en España son extranjeros y que suelen ser españoles, muy experimentados, quienes maniobran para la comisión de crímenes económicos y fraudes a gran escala».

Aumento

Esta circunstancia es síntoma, en palabras del presidente del Alto Tribunal andaluz, de que la «delincuencia organizada está empezando a extenderse por la sociedad y ocupando espacios que pueden poner en riesgo nuestro propio sistema y, sin duda, el Estado de Derecho en el que nos encontramos porque la instauración de mafias en un territorio acaba por «minar las instituciones jurídicas y la economía de un Estado», dijo.

Las áreas de actuación de estas mafias abarcan, según el análisis realizado por el presidente del TSJA, multitud de terrenos: desde el tráfico de seres humanos y armas, hasta la prostitución, pasando por la especulación urbanística. Algo que «deja astronómicos beneficios a los grupos, lo que los convierte en mucho más peligrosos potencialmente». La razón: con el dinero alcanzan todo tipo de medios para sus fines.

El análisis que aparece reflejado en la memoria judicial viene a refrendar una tendencia que en la provincia de Cádiz venían alertando las Fuerzas de Seguridad del Estado. Al ser vecina de la Costa del Sol, las actividades delictivas no entienden de fronteras y ya se han detectado movimientos peligrosos en el entorno del Campo de Gibraltar.

Ya el año pasado, este periódico daba a conocer un informe elaborado por la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Dirección General de la Guardia Civil en el que se situaba a Cádiz en la novena posición de una clasificación formada por las provincias españolas con mayor actividad del crimen organizado.

Para atacar estas mafias, además de un seguimiento constante por parte de las instituciones, el presidente abogó por centrarse en el talón de aquiles de todas ellas: el blanqueo de capitales. Subrayó que el boom urbanístico ha supuesto la construcción masiva a lo largo de la costa, lo que ha servido en muchos casos como refugio importante para el dinero obtenido de forma fraudulenta.

Los instrumentos para ello: poner en marcha todos los frentes. Y «sin tregua, con respuesta eficaz y contundente», tal y como valoró. En el terreno social, manifestó que debe existir una clara conciencia para luchar contra ello y, en el terreno político, «una necesaria y firme voluntad política».

Pero en el ámbito más práctico aludió a las autoridades tributarias (concretando medidas de prevención, régimen jurídico de movimiento de capitales y transacciones en el exterior, etc.) y con una mayor dotación de recursos policiales. En este último caso, recomendó reforzar las unidades especializadas contra el narcotráfico, el crimen organizado, la falsificación de documentos, así como un mayor intercambio de información entre la Europol e Interpol.

También aludió a los notarios, quienes «deben informar al Órgano de Prevención de Blanqueo de Capitales de aquellas transacciones en las que vea indicios de actividades delictivas», recuerda la memoria.

Empresas bajo vigilancia

La memoria 2005 del TSJA también se centra en analizar otro aspecto de las implicaciones de la actividad económica en la Administración de Justicia y que causa una honda preocupación entre la ciudadanía: la siniestralidad laboral.

En este caso, el presidente del Alto Tribunal apostó por crear una policía especializada y dedicada a inspeccionar las empresas, que trabaje en estrecha colaboración con la Fiscalía. Y es que, en su opinión, la tasa de accidentes demuestra que los mecanismos actuales no funcionan. Recordó que «la actuación de la Inspección de Trabajo resulta a menudo insuficiente debido, quizá, al escaso número de efectivos».

También tuvo críticas para la actuación judicial en este sentido. Desde el Tribunal Superior andaluz se reclama una Ley Integral en materia de accidentes de trabajo para evitar las contradicciones y disfunciones graves que se vienen dando hasta el momento y que padecen las víctimas.