El concejal José Blas Fernández arremetió ayer duramente contra el portavoz socialista, Rafael Román, del que llegó a decir que «utilizó como arma política la muerte del niño del Campo de las Balas», una vez conoció el auto del juez que ha sobreseido provisionalmente el caso.

El suceso ocurrió el 16 de enero de 2004 cuando tres amigos jugaban en las antiguas instalaciones de la Escuela de Artillería, en el Campo de las Balas, y el edificio se derribó, falleciendo Manuel Gallardo, de 15 años y resultando herido Juan Pablo Rodríguez y Juan Antonio Acosta.

Fernández, a quien imputaron por este caso un delito de homicidio imprudente, no reparó en descalificaciones hacia Román de quien destacó su «bajeza moral» y pidió su dimisión. «Ha demostrado cuál es su verdadera cara al utilizar una desgracia para obtener votos y actuar como ave carroñera para ir contra Teófila Martínez», dijo. La acusación se basaba en unas declaraciones de Fernández en julio de 2003 en las que indicaba «la necesidad de adoptar medidas que palíen dicha situación, tales como la demolición o el cierre de todas las vías de entrada imposibilitando su acceso».

El concejal recordó que en este caso también imputaron al secretario general del Ayuntamiento por encubrimiento «un funcionario con un historial impecable que también había perdido un hijo recientemente».

Fernández dijo que Román «no se fiaba ni del fiscal, por eso él y su equipo, individualmente, se presentaron como acusación particular». Hizo referencia a que el abogado de los concejales socialistas, el letrado Gabriel Escalante, es el mismo que el de la madre del joven fallecido la que, «casualmente, iba en las listas del PSOE en las últimas municipales».

Señaló que Román «nos imputó un delito grave sin pruebas», recordando sus declaraciones en medios de comunicación tras el suceso. Así, el concejal del PP se preguntó si Román «pedirá ahora perdón al equipo de Gobierno» y, en este sentido, le recordó su pasado en el seminario: «Espero que aprendiese algo y que ahora abandone su habitual soberbia y pida perdón». El edil reconoció que cabe recurso contra el sobreseimiento, «la familia está en su derecho de recurrir, nosotros compartimos el dolor de los padres, pero pedimos a la familia que no se deje llevar por fines políticos».

En los fundamentos jurídicos del auto de sobreseimiento se destaca que, tanto en el informe de ingeniería y control de calidad de la empresa Vorsevi, como en el proyecto de ejecución y demolición de la edificación, realizado casi un mes antes del derrumbe, se informa de que el estado de los elementos estructurales no justifican el suceso, puesto que el estado de conservación del edificio en aquellos momentos era «aparentemente bueno», sin que se apreciara «estado de ruina».

Fernández, quien ha sido defendido por su hijo, -«que no ha cobrado un duro del Ayuntamiento»- no descarta emprender acciones judiciales contra el PSOE.