Exilio forzoso para silenciar la disidencia dentro de Cuba

Similar experiencia sufrieron los artistas Katherine Bisquet y su pareja Hamlet Lavastida. Ambos se fueron al exilio, en Europa, el pasado mes de septiembre. Antes de su salida, Lavastida, integrante de la plataforma 27-N, permaneció encarcelado tres meses tras ser acusado por las autoridades de incitar y convocar a «la realización de acciones de desobediencia civil en la vía pública, utilizando las redes sociales y la influencia directa sobre otros elementos contrarrevolucionarios». La Seguridad del Estado ofreció al artista la excarcelación con la condición de abandonar Cuba.

Aunque el destierro constituye una sanción reconocida en el Código Penal cubano, a ninguno de estos casos se les ha aplicado y el régimen cubano niega estas expatriaciones. No obstante, es una práctica común contra activistas pro-derechos humanos y periodistas independientes para librarse de las presiones internas que estos ejercen, y así  mantener el control sobre los ciudadanos. Estos exilios forzosos – la ONG Prisoners Defenders los denunció ante la ONU – representan un destierro desde el mismo momento en que son obligados a tomar un vuelo, a veces hacia el primer país disponible, con la amenaza de que, si regresan, serán llevados a prisión para cumplir largas condenas.

Otro caso reciente es el del dramaturgo y coordinador del grupo Archipiélago, Yunior García Aguilera , y su esposa, la productora, profesora y activista Dayana Prieto Espinosa, que fueron igualmente forzados al exilio justo en medio de unacampaña represiva por la convocatoria de la marcha pacífica del 15 de noviembre. «A veces, la única manera de romper el silencio que nos imponen en Cuba es saliendo del país», declaró García tras llegar a España.

Poco después, el escritor, reportero y activista del Movimiento San Isidro (MSI) y del 27-N , Alfredo Martínez, optaba también por salir de la isla, viajando a Suiza en donde pidió asilo político. La lista de exiliados es larga: las curadoras Anamely Ramos (MSI) y Claudia Genlui Hidalgo (MSI), las artistas Camila Lobón (27-N) y Tania Bruguera (27-N), el rapero Eliécer Márquez Duany, conocido como El Funky (coautor de ‘Patria y Vida’ y miembro del MSI), Denis Solis (MSI), cuya detención en 2020 fue el origen de la movilización de los artistas , y el científico Oscar Casanella (MSI) son algunos de los activistas contestarios que actualmente se encuentran fuera del país. Aunque algunos han declarado que no es definitivo el exilio, todos coinciden en que en sus decisiones influyó las presiones ejercidas por el régimen: arrestos arbitrarios, interrogatorios, amenazas de prisión, torturas físicas y psicológicas, extensas reclusiones domiciliarias, difamación en medios oficialistas, desalojos de las rentas y actos de repudio.

Pero no todos optan por salir, algunos rechazan permutar la cárcel por el exilio. Es el caso del rapero y coautor del tema ‘Patria y Vida’ Maykel Castillo ‘El Osorbo’ , así como del artista Luis Manuel Otero Alcántara y del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, quienes permanecen encarcelados desde hace varios meses.

El exilio forzoso no es una práctica nueva en Cuba. A varios de los 75 prisioneros políticos de la Primavera Negra de 2003, condenados hasta a 27 años de cárcel, el régimen de Castro les ofreció como única condición para ser liberados el destierro a España. Quienes se negaron permanecieron varios años tras las rejas, tal fue el caso de José Daniel Ferrer y Félix Navarro, ambos detenidos el 11-J y actualmente encarcelados. A otros activistas históricos, con un amplio eco en la comunidad internacional, como Guillermo ‘Coco’ Fariñas, el régimen también les ha ofrecido salir, encontrándose con sus rechazos, aunque eso signifique vivir bajo el acoso constante de la policía política, tanto ellos como sus familias.

Actualmente, más de dos millones de cubanos viven fuera de la isla, la mayoría de ellos, por uno u otro motivo, se vieron forzados a esa salida. No obstante, el destierro se ha recrudecido en los últimos meses. A medida que ha aumentado el activismo de la sociedad civil, en medio de la peor crisis económica y sanitaria, se ha agravado la represión para acallar las voces disidentes. Más de 800 presos políticos, la mayoría de ellos tras el 11-J , son muestra de ello. El 2021 ha sido, según el Observatorio Cuba de Derechos Humanos, «el peor año de las últimas dos décadas para los derechos humanos en Cuba».