Tribunales
Terremoto político en Coslada: imputan al alcalde y a la Junta Municipal por las obras de un centro comercial
La licencia para construir el recinto en el suelo de un yacimiento prehistórico, origen del conflicto
El Juzgado de Instrucción número 3 de Coslada ha citado a declarar en calidad de imputados el próximo mes de febrero a todos los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Coslada de 2010, cuando fue aprobada la licencia para que unos grandes almacenes comenzaran las obras en una parcela de unos 30.000 metros cuadrados situada en la zona denominada El Calvario . Diez personas en total. Dichos terrenos albergaron un yacimiento prehistórico neolítico y lo que está en cuestión ahora es la protección del suelo y si el movimiento de tierras ha podido destruir restos arqueológicos de interés.
Entre los imputados se encuentran el actual alcalde socialista , Ángel Viveros, y tres concejales de su equipo de gobierno, Iván López Marina (Deportes); María Teresa González Ausín, (Servicios Sociales, Mayores e Igualdad) y María del Rosario Arroyo Lázaro, (Urbanismo, Vivienda y Obras). También se investiga a los dos portavoces de la oposición, el exalcalde Raúl López (PP) y el concejal no adscrito Pedro San Fruto s, exmiembro de IU, pues ambos formaban parte de la Junta de Gobierno que aprobó dicha licencia. El PSOE ahora gobierna con el acuerdo de investidura del Somos Coslada e IU.
En la citación judicial a ninguno de los diez investigados no se les acusa de ningún delito en concreto ni se les indica el motivo, salvo que está relacionado una reserva comercial realizada por la Junta de Gobierno.
Mientras que la Fiscalía de Medioambiente y la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid (DGP) consideran que el inicio de los trabajos para levantar el centro comercial, que lleva paralizado un lustro, han podido hacer desaparecer restos de valor arqueológico –que dio origen a la causa–, los técnicos municipales opinan lo contrario. Así, aseguran que el Gobierno regional también, ya que ningún técnico se pronunció al respecto durante la larga tramitación hasta que lo hizo la DGP al solicitar la empresa el cambio de proyecto en 2012, consistente en elevar la edificabilidad para lo que se necesitaba un plan especial
El farragoso asunto viene de lejos. Al parecer, en 1992 justo en la zona del Calvario, donde se construyó el Centro de Transportes de Coslada (CTC), el Recinto Ferial, viviendas, así como un colector de aguas residuales, el Ayuntamiento de Coslada solicitó la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). «No hubo contestación y por ello, nadie ni el técnico de urbanismo ni el secretario municipal, conocía que ese suelo gozaba de protección;de hecho, no la tiene al no resolver la Comunidad». Así lo asegura Viveros , el actual alcalde a ABC, que explicó que según la Ley de Patrimonio Histórico del Estado, si en un plazo de unos 20 meses no hay respuesta o no se concluye un expediente BIC,es como si no se hubiera presentado.
Prevaricación
«Aprobar una licencia de obras es un acto reglado cuando consta de los informes favorables de los expertos como era el caso. De no hacerlo, podemos incurrir en prevaricación», relató.
En 2007, antes de las elecciones municipales, con el gobierno del PPse modificó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a través del cual se hacía una permuta por la que el ayuntamiento le cedía al centro comercial el terreno en El Calvario a cambio de que construyera tres edificios por valor de 30 millones de euros . El PSOE apoyó la iniciativa que contó con los informes favorables de la Comunidad y del Ayuntamiento.
Viveros agregó:«No entendemos cómo hasta 2012 no se dijo que hacía falta un informe de la DGP al ser un suelo protegido. No había ningún interés por el centro comercial y el asunto pasó por distintos gobiernos, incluido el tripartito, integrado por PSOE, que presidí, IUy la Plataforma de Izquierdas de Coslada». Su partido se abstuvo en la modificación del proyecto e IU votó en contra. El alcalde se mostró tranquilo. « Queremos que se esclarezca este asunto de una vez», zanjó. A su juicio, ha habido un problema de comunicación entre la Comunidad y la DGP.
Otro de los citados el 22 de febrero, Pedro San Frutos, recalcó que «de haber restos arqueológicos las obras del CTC las habrían destruido». Además, dijo no entender que se le investigue sin decirle de qué se le acusa ocho años después de unos hechos reglados. « Falta por ver lo que durará la causa . Lo que me molesta es estar todo este tiempo bajo sospecha».
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