Un presupuesto de consenso, primer reto del Gobierno regional en 2020
Díaz Ayuso y Aguado compartirán el próximo año Gobierno y una preocupación común: conseguir cuadrar unas cuentas que vote Vox
El año 2020 llega cargado de promesas, pero también de incertidumbres, en la Comunidad de Madrid . Promesas de una campaña electoral aún reciente, que tendrá que comenzar a materializar el primer Gobierno bicolor que rige los destinos de la región, el que forman PP-Cs:leyes que aprobar, proyectos que poner en marcha y mejoras que implementar. Pero además, Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado deberán afrontar otro reto, conseguir cuadrar unos presupuestos que vote Vox.
Las cuentas, claras
La absoluta incertidumbre sobre los ingresos a cuenta que habrá en 2020 en la Comunidad ha llevado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a prorrogar los presupuestos de 2019. Será hasta que haya Gobierno en la nación y concrete con qué ingresos contará la Comunidad, afirman en la Real Casa de Correos.
Siendo totalmente cierto que hace falta saber cuánto se va a recibir para poder planificar el gasto , no lo es menos que al Ejecutivo bicolor de la Comunidad de Madrid le viene bien poner cierta distancia al momento de negociar los presupuestos. Ya antes de comenzar, de hecho, Vox les ha hecho una demostración de por dónde pueden ir las conversaciones. Planteó una enmienda a la totalidad a la ley que regula las tres rebajas fiscales que han sido la promesa electoral estrella de la presidenta Díaz Ayuso. Les parecen rebajas escasas y pide que sean más ambiciosas, indicando de paso que se pueden financiar reduciendo otros gastos que consideran superfluos.
El ejemplo del Ayuntamiento de Madrid, donde los presupuestos se aprobaron in extremis gracias a la abstención de Vox y a un fallo de cálculo de la izquierda, no es nada tranquilizador. Convencer a Rocío Monasterio de la bondad de las cuentas regionales no va a ser fácil para Ayuso y, sobre todo, para Aguado.
Cohabitación complicada: Tres son multitud
Dice el refrán que «dos es compañía, y tres es multitud». Aplicando esa frase a la política, la Comunidad de Madrid es el mejor ejemplo de que, una vez más, el dicho es todo un acierto. Si las relaciones de PP y Ciudadanos, socios de Gobierno, no ha sido en estos cuatro meses un camino de rosas, las que mantienen cada uno de ellos con Vox no le va a la zaga.
Entre Ayuso y Monasterio la tensión ha ido creciendo, como se ha podido observar en sus intervenciones en la Asamblea madrileña. Pero la dirigente de Vox a quien apunta con más dureza en sus críticas es a Aguado, a quien recrimina en muchas ocasiones que sea vicepresidente gracias a sus votos y ahora no quiera ni sentarse con ellos.
Así las cosas, y dadas las veces que el tándem PP-Cs va a necesitar los votos de vox en el futuro para sacar adelante iniciativas, no parece que los años que quedan de legislatura vayan a ser precisamente un camino de rosas.
Leyes en espera: Suelo, Farmacia, Universidades
Hay varias leyes que se quedaron a las puertas de ser aprobadas en el pasado mandato y ahora se retoman con fuerza. El Gobierno regional tiene pendiente sacar adelante la Ley de Suelo, que regule la actividad de un sector tan importante. Ya había casi alcanzado un acuerdo con Cs para darle luz verde cuando los naranjas cambiaron de opinión y la tumbaron . Habrá que empezar de nuevo con ella. Igual ocurre con la Ley de Farmacia, que el sector espera para liberalizar estos establecimientos. Ayuso y Aguado también deben empezar a trabajar en la Ley de Universidades, que quieren ahora llamarse «de la Sociedad del Aprendizaje» y que se hará ex novo.
Compromisos: Metro o la nueva Paz
El Ejecutivo tiene este año deberes. Poner en marcha la apertura gradual de Metro los fines de semana, hasta que sea de 24 horas, y lograr de paso acabar con las aglomeraciones de usuarios que se dan en el suburbano; la gratuidad, también paulatina, del abono transporte para mayores de 65; y que arranque la gran reforma del Hospital de La Paz, que tal vez va a ser la mayor de las obras que lleve a cabo este Ejecutivo y que durará al menos una década. También el visto bueno definitivo a la nueva operación Chamartín .
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