Los Cucos, los Barbas, los Sheriff... pacto de clanes para repartirse la vigilancia en las obras de Madrid
Las familias dedicadas a esta actividad controlan el negocio por zonas para evitar pisarse potenciales objetivos
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Una obra, un cartel, un papel escrito a lápiz. Las tres piezas encajan rápido: 'Vigilancia Los Cucos' . Y en el folio, un nombre: Joaquín Los Cucos, acompañado de un número de móvil.
-Buenas tardes, Joaquín, ¿usted se dedica a la seguridad en obras?
-Hace tiempo que no hago eso, ahora solo me dedico a la chatarra.
Pero el pequeño rótulo, a la vista de todo el mundo en la calle de Gaztambide, no engaña. «Quien ha puesto ahí el cartel será un hijo p...», sostiene el señalado. La conversación termina rápido, quién sabe si por las sospechas suscitadas. La extorsión a constructores para vigilar obras se ha convertido, con el paso de los años, en un mal endémico que afecta a casi todo el sector . Amenazas veladas a pie de valla, que tienen por objetivo el control de la seguridad y la certeza de que no se producirán robos de materiales. El problema, no obstante, aparece cuando son los propios contratados y sus acólitos los que están detrás de estos hurtos en caso de que el acuerdo no llegue a buen puerto. He aquí los entresijos de un negocio con demasiados factores en juego.
El primero, señalan fuentes del Instituto Armado, es el control por territorios. Las familias, españolas y rumanas de etnia gitana, dedicadas a esta actividad se reparten por áreas para mantener el equilibrio del negocio. Para ello, pactan los barrios y municipios de cada una y se comprometen a no ir más allá bajo un serio aviso: si algún clan incumple el acuerdo tácito, el resto de los afectados trenzará una alianza para que este pague las consecuencias. Este diario ha podido comprobar cómo los Barbas se mueven por la zona de Arturo Soria, Piovera y alrededores; los Cucos, por Moncloa, Argüelles y algunos barrios de Chamberí; y los Sheriff se han dejado ver por el Corredor del Henares, con mayor presencia en Torrejón de Ardoz. Aunque el abanico de apellidos y apodos no acaba ahí.
Pese al carácter intimidatorio, las fuentes consultadas inciden en que este tipo de grupos no suelen ser violentos, más allá de lo verbal. El 'modus operandi' siempre arranca con las labores de rastreo , es decir, peinar las calles y parcelas acotadas en búsqueda de obras recién iniciadas: «Cuando empiezan a limpiar el suelo o a desescombrar, ellos ya se pasan y hablan con el constructor o el promotor ofreciendo una vigilancia estática, normalmente entre las 8 de la tarde y las 8 de la mañana del día siguiente». Un horario que no siempre llevan a cabo, conscientes de que nadie asaltará el recinto al advertir con pintadas o en carteles el nombre de la familia allí establecida.
Otra de las cuestiones son las cantidades de dinero que reciben estos 'empleados', bastante más bajas que las desembolsadas a cualquier compañía de seguridad privada. Los pagos o bien se hacen en negro o por medio de contratos pequeños a través de empresas tapadera , que los propios extorsionadores crean a fin de blanquear las ganancias. «Al final es un círculo vicioso, donde los constructores lo que quieren evitar a toda costa es que les roben y tengan que paralizar las obras. Y si encima se ahorran un dinero...», advierte un agente del Instituto Armado, quien tiene claro que sin denuncia es muy difícil perseguir esta práctica.
Amenazas a vigilantes
Pese a que la controversia se extiende por toda la región, los puntos más críticos se ubican en el extrarradio , desarrollos de nueva construcción con multitud de edificios proyectados . Así lo señala un antiguo gruista, con los contactos y la experiencia necesarios para saber que de un tiempo a esta parte nada ha cambiado. «Durante las obras del hospital Puerta del Hierro vinieron y amenazaron al vigilante de seguridad para que al día siguiente no fuera a trabajar», recuerda, convencido de que los proyectos más grandes tienen más fácil escapar al posible chantaje. «Al estar metidas algunas de las UTEs más punteras no lo consiguieron», añade. La victoria, sin embargo, no fue compartida en otros lugares donde trabajó.
«Estuvimos un tiempo haciendo unos chalés de lujo en la carretera M-503, la que pasa entre Boadilla y Majadahonda, que en teoría iban a ser para jugadores del Atleti», rememora, antes de apuntar que en ese proyecto sí lograron su cometido. Revela, además, que ningún constructor está a salvo hasta que la obra no se da por concluida : «De hecho, el momento más delicado es cuando queda poco para terminar porque el material que allí se deja tiene más valor, el hormigón, los azulejos para alicatar...». Se da la circunstancia de que en algunas edificaciones, las herramientas y otros utensilios de valor se guardan en una caja que cuelga de la grúa. «Es ilegal, porque la grúa la tienes que dejar sin anclaje fijo para que la mueva el viento, porque si no, aunque sea muy difícil, esta podría llegar a volcar», justifica.
Respecto a la suplantación de los puestos de vigilancia, desde la Asociación Marea Negra por la Seguridad Privada ponen el foco en el intrusismo sufrido y la falta de profesionalidad de los contratados. «Nosotros tenemos que tener una titulación oficial, superar los exámenes psicotécnicos y pruebas ante la Policía Nacional o hacer un curso de 180 horas y pasar exámenes también ante el mismo Cuerpo», explica su portavoz, Rubén Gallego. Requisitos, todos, que los ojos clandestinos de las obras no poseen. Tampoco Joaquín, el de Los Cucos, que antes de colgar pregunta:
-¿Y tú qué eres, un promotor de San Blas? Nada, no te puedo ayudar.
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