Caso Mascarillas: Las versiones contradictorias cercan a Medina y Luceño ante el juez

El juez Adolfo Carretero ha comenzado a interrogar a Luis Medina por su presunta implicación en el caso de las mascarillas. El aristócrata ha llegado pasadas las 11.40 horas en taxi a las dependencias judiciales. Nada más salir del vehículo, ha sido rodeado por decenas de periodistas que le esperaban en la puerta y ha llegado a la entrada a empujones. Incluso en algún momento se ha golpeado contra las vallas de acceso. En el pasillo, el hijo menor de Naty Abascal ha coincidido con Alberto Lueño pero se han sentado con distancia entre ellos separados por dos bancos, según fuentes jurídicas. Sin embargo, nada más verse se han saludado y cada uno se ha ido rápido a un banco . Luis Medina manifestó ante el fiscal que su socio no le volvió a coger el teléfono desde agosto de 2020.

¿Quién llamó a quién?

A su paso por los juzgados de la plaza de Castilla, los investigados tendrán la oportunidad de mantener, matizar o cambiar la versión que dieron cuando fueron llamados a declarar en la Fiscalía Anticorrupción durante la investigación preliminar, en abril de 2021. Allí incurrieron en contradicciones sobre cómo empezó su aproximación al Ayuntamiento de Madrid y así, todo el negocio. Según Medina, Luceño, al que ya conocía y del que sabía que era empresario en negocios internacionales, le pidió que buscase clientes en España porque tenía capacidad para suministrar material sanitario y en marzo de 2020 había tanta necesidad como escasez. Según Luceño, fue al revés: Medina le ofreció la posibilidad de vender a Madrid y otras administraciones -mencionó Andalucía y Murcia a modo de ejemplo- y le proporcionó un contacto del consistorio madrileño.

La llamada del alcalde.

Entra ahí el asunto más polémico. Según Medina, una persona de su antigua universidad le comentó que tenía relación con el «hermano» del alcalde José Luis Martínez-Almeida y le facilitó su contacto. No dijo si fue él quien pidió tener línea con el consistorio. Sí explicó que escribió a esa persona, Carlos Martínez-Almeida , y este, a su vez, le facilitó la dirección de la funcionaria que estaba gestionando las compras, Elena Collado. Medina, siempre según su versión, le dio a Luceño el teléfono de Collado y ahí, comenzaron las negociaciones: «Ellos se lo guisan y ellos se lo comen».

Aunque en la Fiscalía, Medina seguía refiriéndose al contacto inicial como «hermano» del alcalde, en realidad se trata de su primo. Y el regidor ha hablado de este tema ante la prensa. Dice que ese pariente habló con su mano derecha en el ayuntamiento, la coordinadora Matilde García, que fue quien le dirigió a Collado. También afirmó, como Medina, que no tiene relación con él y que le llamó una vez para darle las gracias por las mascarillas que, aprovechando el primer pedido, habían donado. Medina en esto se hizo un lío ante el fiscal, pues primero dijo que había sido un whatsapp y luego, lo matizó. En todo caso, ni el primo, ni García, ni el regidor están llamados para testificar sobre este asunto. La causa, de momento, sólo se sigue contra los empresarios. Luceño, en todo caso, cuenta otra historia. Dice que tras la gestión de Medina, la funcionaria le contactó a él y no al revés, y le preguntó qué productos podía conseguir, porque se necesitaba de todo. Que hicieron una lista, que él estudió la viabilidad de lo que se necesitaba y propuso guantes, mascarillas y test de Covid.

La visión de Collado ante el fiscal no coincide con la de Luceño, sino con la de Medina. Podrá arrojar luz el próximo 9 de mayo. El juez la ha citado como testigo, pero el PSOE ha pedido que sea imputada y tenga así abogado propio.

¿Cuál era el pacto?

Otro de los asuntos que se podrían clarificar ante el juez es quién dice la verdad en relación al acuerdo al que llegaron sobre la tajada que iban a sacar, porque en sus explicaciones en la Fiscalía sólo coincidieron en que, entre ellos, ni contrato «ni nada». Según Medina, Luceño le contó que irían «por tercios» . Un tercio sería para Leno, proveedor del material y los otros dos, para ellos. Esto supone que el hermano del duque de Feria habría aceptado exprimir al ayuntamiento, que iba a pagar más por su llamada de teléfono que por todo el material. A renglón seguido, se escudó en que lo que cobró del total, un millón de dólares, al final es «un diez por cierto de comisión» y eso, adujo, «no es delito». No obstante, acababa de mostrarse molesto porque, según dijo, se había enterado horas atrás de la cuantía que levantó Luceño. La querella contra ambos sostiene que el segundo escamoteó fondos al primero.

Y Luceño lo que dice es que todo es lo normal y que cobrar un porcentaje de más del 44% por conseguir material sanitario con la que estaba cayendo en marzo de 2020, no es delito. Que la labor de Medina acabó con ese contacto y que no hubo plan alguno de tercios. El millón era lo que le correspondía.

¿Y San Chin Choon?

Hay una incógnita que, de momento, la investigación no va a resolver y es si el vendedor original, el CEO de la empresa Leno, San Chin Choon , estaba al tanto de que Luceño y Medina se iban a llevar ese importe en comisiones. La querella lo es también por falsedad porque Anticorrupción sospecha que los papeles que presentaron en el banco los comisionistas para justificar el origen del dinero simularon la firma y tal vez la identidad del empresario. Pidió información a sus colegas de Kuala Lumpur, y aunque consiguió confirmar que la persona y la compañía sí existen, se topó con que la legislación de aquel país permite al afectado negarse a colaborar con la justicia de otro país.

Y San Chin Choon se ha negado. Luceño dice que se comunicaba con él por una aplicación china similar a whatsapp. No constan aportados esos intercambios en la causa. Por descontado, sostiene que la documentación con sus firmas y los sellos de Leno es real, aunque las rúbricas, sobre el papel, son algo distintas.

Alzamiento de bienes.

Medina y Luceño no están investigados por el hecho en sí de haber cobrado comisión, que no es ‘a priori’ un delito, sino por haber ocultado su parte al ayuntamiento. En total, los tres contratos de compra sumaron 11 millones de dólares de los que seis millones fueron las comisiones. El problema es que cuando el juez ha querido asegurar esa cuantía para que el consistorio la pueda recuperar si son condenados, no ha encontrado fondos suficientes . Ha imputado a Medina un delito de alzamiento de bienes por vender unos bonos a sabiendas de que ya estaba investigado y está rastreando qué hizo con esa venta. En el caso de Luceño, ha alegado por escrito en el juzgado que nunca fueron 5 millones porque pagó impuestos y la cuantía ha mermado estos dos años por los gastos del «día a día familiar» . Asegura que la cuenta bloqueada por el juez sigue recibiendo fondos pese a ello.

Está por ver qué resuelve el juez al respecto, pues ha dado a las partes hasta el martes para alegar. Será después de oírle en declaración cuando decida.