El comisionista de las mascarillas apalabró quedarse con material sanitario para su familia
La funcionaria del Ayuntamiento le contestó que «por supuesto»: «Cuando queráis haceros los test, dímelo»
Los whatsapp revelan el agobio cuando se descubrió que los guantes eran de mala calidad: «Nos han estafado, seguro»
El sumario del caso mascarillas refleja la llamada de agradecimiento de Almeida a Medina
Alberto Luceño, el empresario imputado junto a Luis Medina por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario en plena primera ola de la pandemia, pidió a la funcionaria que gestionaba aquellas compras que le guardase test de covid y reactivos de los que se estaban adquiriendo con dinero público para sus propios familiares. Y ella, Elena Collado, pareció aceptar de buen grado. Desconocía que Luceño y Medina se estaban llevando seis millones de dólares de comisión por la transacción , donde buena parte de los productos, además, no fueron los pactados.
Así se desprende del intercambio de mensajes de whatsapp que mantuvieron Collado y Luceño a partir de marzo de 2020, cuando la empresa funeraria de Madrid aceptó comprarles guantes, mascarillas y test covid al precio que pedían y que según Anticorrupción, estaba inflado un 148%. La conversación forma parte del sumario que se instruye en el Juzgado número 47 de Madrid y fue aportada por el Consistorio a falta de emails de negociación en aquella compra. Todo lo hablaron Luceño y Collado por whatsapp.
El 24 de abril de 2020, hay un pedido de test de diagnóstico de covid en marcha. Luceño escribe a Collado a las siete y media de la tarde. Están cerrando los flecos. «Lo que sí te pediré como favor es que cuando lleguen los test pueda tener 4 para cada miembro de la familia », dice el empresario. «Claro que sí», responde la funcionaria, pero Luceño insiste: «Cuatro para todos».
Es el peor momento de la pandemia. El Estado de alarma lleva un mes y diez días en vigor. Los sanitarios se protegen aún con bolsas de basura y mueren cientos de personas en toda España. Los ciudadanos de a pie, por descontado, no tienen acceso a test de autodiagnóstico.
Poco después, 18 de mayo, la propia funcionaria es la que se ofrece a Luceño. «Cuando queráis haceros los test, dímelo; unos u otros o ambos», le dice Collado, que se refiere así también a Luis Medina, quien, por el camino, se había llevado un millón de dólares. Luceño le responde: «Ya me los hice y Luis también. Pero muchas gracias».
También los reactivos
No sería el único trato de favor que exigió Luceño. Ya en septiembre, es él quien se dirige de nuevo a la funcionaria. De fondo, sigue la negociación pues fueron tres contratos de compra: primero mascarillas, luego guantes y finalmente, los test. «Me gustaría si es posible que me hicieras llegar unos 10 botes de reactivos. Ya que tengo en casa tests, pero no reactivos. Así controlo a toda mi familia». Ella, sobre la marcha, contesta: «Por supuesto».
Luceño acababa de venderle al Ayuntamiento de Madrid unos test de autodiagnóstico con un sobreprecio del 60% y de ellos, el grueso era defectuoso. La funcionaria escribió a Luceño en domingo, aquel mes de mayo, para avisarle de que «una parte de los test no tienen la misma calidad que las otras tres», con «sólo un 60%» de sensibilidad, lo que «desaconseja» seguir utilizándolos con los empleados públicos. «Si podemos cambiarlos por otra partida, fenomenal. Si no puede ser, tenemos que devolverlos», le advirtió.
El empresario cerró la puerta a una devolución pero aseguró que la empresa fabricante, Leno, en Malasia, enviaría reactivos para subsanar la falta de eficacia de las pruebas. Ese es el reactivo, que en septiembre, el empresario pedía a la funcionaria como favor pensando en sus propios familiares. Según Anticorrupción, nunca llegó aquella partida. La funcionaria está citada como testigo el 9 de mayo ante el juez.
Las conversaciones reflejan también que además de las mascarillas que estaba comprando el Ayuntamiento, Luis Medina y Alberto Luceño iban a donar una partida de 238.000. Eso sí, este pedía una condición, que 50.000 de ellas fuesen a parar en concreto al hospital Puerta de Hierro, donde trabajaba su mujer. La funcionaria, el 14 de abril le explica que primero tienen que pasar un examen para constatar que son aptas para uso médico. Para el 23 de abril, él le hace saber que en el hospital donde está su mujer están «todas las especialidades encantados» con las mascarillas.
«Nos han estafado, seguro»
También reflejan los mensajes el agobio de la funcionaria cuando descubre que el encargo de los guantes no se ajusta a lo previsto. En tres mensajes sucesivos el 8 de abril le dice a Luceño: «Por favor, llámame. Esto es lo peor que me ha pasado en mi vida. Por Dios, dime algo. Nos han estafado, seguro».
El empresario intenta tranquilizarla, ha hecho una gestión con el fabricante y va a devolver al Ayuntamiento 4 millones de dólares de diferencia del precio respecto de los guantes encargados y los finalmente recibidos. Ella anuncia que no va a dormir en toda la noche hasta que llegue ese dinero. Él contesta que sí se va a acostar y que debe estar tranquila. A la mañana siguiente no había entrado la transferencia, pero lo haría horas después.
La lectura que hace Anticorrupción es que ante el reproche de la funcionaria, Luceño hizo esa devolución a partir del dinero que pensaba quedarse por haber intermediado en el negocio. Todavía quedaba el contrato de los test por ejecutar.
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