El borrador «erróneo» del protocolo que Sanidad envió a las residencias de mayores y que Cs considera ilegales
El Gobierno de la Comunidad de Madrid asegura que son los médicos, «con criterios clínicos», los que deciden. El documento dejaba fuera a ancianos con discapacidad
Un protocolo que desaconsejaba que los ancianos con problemas de movilidad o deterioro cognitivo fueran enviados desde residencias de mayores a hospitales, en pleno pico de las infecciones por coronavirus, ha desatado una tormenta política en el Gobierno regional. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero , reconoció ayer durante el pleno de la Asamblea que este documento, que calificó como «un borrador», fue enviado «por error» a las residencias a mediados de marzo.
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La diputada del PSOE Puri Causapié preguntó ayer en el pleno a Ruiz-Escudero por los criterios para elaborar estos protocolos . La política aseguraba a ABC que tenía constancia de declaraciones de asociaciones de familiares y trabajadores de residencias de mayores denunciando la existencia de este protocolo y su aplicación durante la crisis sanitaria. En su respuesta, el consejero de Sanidad reconoció ayer que el documento se envió «por error» a las residencias , pero especificó que era sólo uno de los borradores que se hicieron del protocolo definitivo.
Criterios
En la versión del documento , a la que tuvo acceso ABC, se indica que cuando el personal de una residencia detectara un caso de un paciente con un cuadro clínico compatible con Covid-19 , debía hacerse una evaluación «conjunta» con el geriatra de enlace de los criterios de derivación a un hospital. Y entre ellos estaban que se derivaría a los pacientes que tuvieran insuficiencia respiratoria y fueran «independiente para la marcha» y «sin deterioro cognitivo», sin «comorbilidad asociada en fase avanzada».
Existirían, según fuentes de la consejería de Sanidad, hasta siete versiones el mismo protocolo y solo la última es la definitiva. La versión «buena» se envió el 25 de marzo a los centros sociosanitarios «con el consenso de todos los coordinadores de Geriatría de los hospitales», destacan. En ese protocolo definitivo se especifica que «se valorará individualmente, con criterio clínico, cada caso para el traslado a un hospital de los casos de residentes con enfermedad terminal, que se encuentren en cuidados paliativos y alto grado de fragilidad».
«Ver porqué y quién»
Respecto a las otras seis versiones, todas son «borradores», y la número cinco fue enviada «por error» en «dos ocasiones, «los días 18 y 20 de marzo», a los centros sociosanitarios. Dado que pasaron varios días desde el envío erróneo hasta que llegó la versión definitiva, el 25, cabría la posibilidad de que se hubiera aplicado en el ínterin, algo que el vicepresidente Ignacio Aguado dijo desconocer cuando se le preguntó por el asunto tras el último Consejo de Gobierno.
Sí señaló que si así hubiera ocurrido habría que «profundizar y entender por qué y quién», porque «todos los madrileños pagan sus impuestos y merecen una atención sanitaria y no se les puede clasificar ni mucho menos discriminar por si proceden de una residencia, de un hospital o de la calle».
El asunto del protocolo que descartaba para derivar a los hospitales a los ancianos en situación más precaria lleva días siendo tema de polémica. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, dijo el lunes en la comisión de la Asamblea de Madrid que ese tipo de discriminación a determinados pacientes «no es ético» y «posiblemente tampoco legal». Algo que ocasionó un tremendo enfado en las filas populares del Gobierno regional.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso aclaraba acto seguido que el documento era sólo «un borrador» que «no se llevó nunca a ningún lugar». Pero el consejero de Sanidad ayer dio otra versión al respecto, al confirmar que se había enviado «por error» a los centros sociosanitarios.
El tema del protocolo saltó ayer hasta el Congreso de los Diputados y fue utilizado por el vicepresidente Pablo Iglesias para criticar con dureza a la presidenta regional madrileña: señaló el documento madrileño «que demuestra que había órdenes del Gobierno de Madrid de rechazar el traslado de ancianos a los centros sanitarios cuando se produjo el pico de la pandemia».
Desde las antípodas ideológicas, Rocío Monasterio , líder de Vox en la Asamblea de Madrid, pedía también al Ejecutivo autonómico que se «aprenda» de lo que no se hizo bien y que no les falte a los mayores en residencias «ningún derecho de los que tenemos los demás», como ir a un hospital.
El consejero de Sanidad insistió en que los criterios aplicados para el traslado de mayores a hospitales fueron «única y exclusivamente clínicos». Denunció también «que se instrumentalice políticamente un error más que evidente». De acuerdo con los datos de la consejería, durante la crisis se han ordenado 9.632 traslados de residencias a hospitales y viceversa.
