Ayuso da la opción a los claustros de vetar el paso de curso a los alumnos con suspensos
La Comunidad ofrece a los centros que voten por amplias mayorías si estos estudiantes pueden promocionar
La entrada en vigor del real decreto por el que se modifican (y relajan) los criterios para pasar de curso a los alumnos de ESO y Bachillerato ha generado una nueva ofensiva de la Comunidad de Madrid contra la llamada ‘ley Celaá’, que estipula, ya con el curso empezado, que alumnos con más de dos suspensos (en el primer ciclo) y con uno (en el caso de los que vayan a realizar la EVAU, la antigua Selectividad) puedan promocionar. Un claro signo de «la bajada de los estándares de calidad educativa» y que, además, llega ahora, con la primera evaluación muy avanzada, lo que consideran que es «cambiar las reglas del juego en pleno partido». Afecta a los 1.091 centros con estos ciclos.
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El objetivo de Isabel Díaz Ayuso es poner cuantas herramientas estén en su mano para obstaculizar este aspecto del real decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el martes y que entró en vigor el pasado jueves. La normativa estatal establece que, si hasta entonces, quien tuviera más de dos suspensos debía repetir, ahora deja en manos del claustro esa decisión, más allá de las asignaturas aprobadas : «La nueva ley prevé que los alumnos que al terminar la ESO hayan alcanzado las competencias y los objetivos de la etapa obtengan el título de acuerdo con las decisiones adoptadas de forma colegiada por su profesorado», publicó el BOE el miércoles. En Segundo de Bachillerato, el curso anterior a la entrada en la universidad, se permitirá lo mismo con un suspenso, teniendo en cuenta el criterio anterior, correspondiente al título de ESO.
A los tribunales
La Consejería de Educación no puede vetar esas prerrogativas, al ser establecidas por un real decreto, pero va a enviar en los próximos días a todos los centros educativos afectados una instrucción, de cumplimiento voluntario: en el caso de la ESO, se necesitarán dos tercios de los votos del claustro y, en el del final del Bachillerato, cuatro quintos. Así lo anunció ayer el consejero del ramo, Enrique Ossorio, que aprovechó para adelantar que los servicios jurídicos de la Comunidad estudian si pueden llevar esta normativa a los tribunales. Algo a lo que se podrían unir otras comunidades gobernadas por el PP, como Murcia, Castilla y León, Galicia y Andalucía.
La ‘ley Celaá’ también elimina, en este sentido, la convocatoria extraordinaria de finales de junio , después de la tercera evaluación, aunque en septiembre, la ministra Pilar Alegría anunció una moratoria para que aquellas autonomías que lo decidan no lo apliquen hasta el próximo curso.
El borrador del real decreto, recuerdan fuentes de Educación, fue presentado hace meses, y la Comunidad de Madrid ya expresó en junio su rechazo, que reflejó en una serie de alegaciones que no han sido tenidas en cuenta, explican desde el departamento que dirige Enrique Ossorio: «Es una bajada en los estándares de calidad y esfuerzo de los alumnos» . Consideran que se «deja indefensos a los docentes, porque antes tenían unos criterios objetivos [el número de suspensos] y ahora es algo arbitrario».
Se puede dar la paradoja de que en un mismo centro promocione un alumno con tres o más asignaturas no aprobadas y otro no, por no hablar de las disparidades que puedan darse entre institutos distintos.
La propia presidenta regional se manifestó de esta manera el miércoles sobre este cambio de guion sobre la marcha: «Usaré todas las herramientas legales para evitar su aplicación, porque devalúa la calidad del sistema educativo».
Cerco a la concertada
No es este el único aspecto de la legislación educativa estatal que no gusta en el Ejecutivo del PP . Intenta obstaculizar el cerco a la concertada con la ampliación de seis a diez años de los acuerdos con estos centros ; además del trasvase de algunos alumnos de educación especial a la ordinaria, algo muy cuestionado por docentes y padres y que, por ahora, queda más abierto en la norma.
Además, la Consejería de Educación está preparando los criterios para mantener, en la medida de lo posible, la libre elección de centros por parte de los padres, una de las banderas del Partido Popular. La idea es que continúen valorándose no solo la cercanía del domicilio al instituto, sino que también cuenten otros aspectos en la obtención de puntos. Algo que, finalmente, tras las quejas de las comunidades, queda en manos autonómicas.
En cuanto a la educación diferenciada, el Gobierno central quiere quitar cualquier fondo económico a los centros concertados (no pueden hacerlo con los privados) que quisieran mantener ese tipo de organización interna. En Madrid hay 17 de los 557 concertados de este tipo.
