La batalla de Ayuso desactiva la «ley Celaá» en Madrid
Mediante un decreto, se ha prolongado la duración de los conciertos educativos hasta los diez años; además, el Gobierno regional quiere que los inspectores sigan eligiéndose mediante oposición y las convocarán de inmediato
La batalla que Isabel Díaz Ayuso está plantando contra la «ley Celaá» tiene abiertos numerosos frentes. El primero de ellos es el legal, pues ya anunció hace varios meses su intención de llevar la norma al Tribunal Constitucional una vez aprobada definitivamente en el Congreso, porque «atenta» contra la Constitución . La Comunidad, decía en el mes de marzo, presentará un recurso, y acusaba al Gobierno de Pedro Sánchez de querer «cambiar la educación por la puerta de atrás», sin diálogo, con arrogancia y de una manera autoritaria.
El segundo frente está lidiándose en estos momentos y va por el cauce normativo, con la superposición de medidas. La presidenta madrileña anunció el martes un bombazo contra la «ley Celaá», que se quiere aprobó de modo exprés en el Consejo de Gobierno ayer: mediante un decreto, se ha prolongado la duración de los conciertos educativos en Madrid, de los seis años recogidos hasta ahora hasta los diez, lo que supone que en la práctica no habrá que revisarlos hasta el año 2027, informa Sara Medialdea . La medida, explican fuentes del Gobierno regional, supone de facto el blindaje de este modelo educativo, «y por ende de la libertad educativa», al menos hasta 2027.
Según la Ley Orgánica de Educación, las Comunidades Autónomas pueden elevar la duración de los conciertos con los colegios que hasta ahora tienen, en la Comunidad de Madrid, una duración de 6 años. «Ante la actual situación, se ha decidido dar mayor seguridad a las familias que optan por la educación concertada alargando la duración de los conciertos hasta 10 años , de modo que no vencerán dentro de 2 años, sino dentro de 6 años». La duración de la educación obligatoria es de 10 años y, por ese motivo, se ha considerado acertado hacer coincidir ese plazo con la vigencia de los conciertos y dar a las familias madrileñas esa garantía. La política madrileña mantiene una dura pugna con el Gobierno Central por la nueva ley educativa, que a su juicio puede perjudicar a las familias que optan por la educación concertada para sus hijos. En la Comunidad de Madrid, el 29 por ciento de las familias ha optado este curso escolar por educación concertada, lo que se traduce en cerca de 370.000 alumnos.
Del Consejo de Gobierno realizado ayer salió otra batería de medidas para enfrentar a la «ley Celaá». La primera es la convocatoria inmediata de oposiciones a inspectores educativos, para que su elección se rija por la ley anterior; mediante concurso-oposición , de manera que «sean funcionarios independientes». De este modo, se adelantarán al cambio legal, que prevé que sean elegidos mediante «una evaluación de la capacidad de liderazgo pedagógico y la evaluación de las competencias propias de la función inspectora de los aspirantes». Una segunda medida es el nombramiento inmediato de directores y equipos directivos de los centros escolares, para que estén seleccionados antes de que se ponga en marcha la Lomloe y lo sean por los procedimientos seguidos hasta ahora y no por los nuevos que marca la norma a estrenar, informa Sara Medialdea. La tercera medida va enfocada a evitar que los profesores técnicos de FP queden en el limbo. Por eso, el Gobierno de Ayuso ha incluido 274 plazas para estos trabajadores , que se sumarán a las 2.900 que estaban previstas en este nivel educativo.
