Celaá avisa a Ayuso: «Una ley orgánica no puede ser rebatida por una autonómica»
La ministra de Educación, Isabel Celaá, le ha dado un claro aviso a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso después de que la líder autonómica anunciaria que este miércoles comienza la tramitación de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa
La ministra de Educación, Isabel Celaá, le ha dado un claro aviso a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: « Una ley orgánica (Lomloe o "ley Celaá") no puede ser rebatida por una ley autonómica ».
La advertencia viene después de que la presidenta autonómica anunciaria ayer que este miércoles comienza la tramitación de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa que, tras pasar por el Consejo de Gobierno, se remitirá a la Asamblea de Madrid.
Se trata de una nueva normativa que «garantizará la libertad de elección, la calidad de la enseñanza, la educación especial y el español como lengua vehicular», aseguró ayer Díaz Ayuso.
Preguntada por esta cuestión, la ministra dijo este miércoles, durante su participación en un encuentro virtual organizado por Nueva Economia Forum que « una ley orgánica no se puede contravenir por una ley autonómica », insistió. En cuanto a los objetivos de la ley de Ayuso, Celaá insistió que en la recién entrada en vigor Lomloe o «ley Celaá», la «libertad está absolutamente garantizada. Está anclada en el pacto educativo constitucional del artículo 27 », defendió la ministra.
Cabe recordar que la presidenta autonómica ya dio pasos en contra de la Lomloe antes de que esta entrara en vigor para poder blindar a la educación concertada. Así, el pasado 16 de diciembre la comunidad anunció la tramitación de un nuevo decreto para elevar de seis a diez años la duración de los conciertos educativos.
Además, el pasado 4 de diciembre, con el objetivo de adelantarlas, se aprobaron las instrucciones de las normas admisión de alumnos del curso 2021/2022, tal como hicieron otras comunidades del PP (Galicia y Murcia) con el apoyo de Génova, tal como publicó ABC . El objetivo era usar cualquier mecanismo legal para sortear la «ley Celaá». El proceso de admisión suele producirse a partir del mes de febrero de cada año. Estas comunidades lo adelantaron para evitar aplicar la Lomloe, que entró en vigor el pasado 19 de enero. ¿Qué conseguían así? Si dicho proceso de admisión de alumnos se hubiera hecho según lo estipula la «ley Celaá» se favorecería la «zonificación» (los niños van al colegio más cercano a su domicilio y no al que quieren los padres) y se daría vía libre a que las «comisiones u órganos de garantías de admisión» puedan «evitar» la supuesta «segregación», dirigiendo a los alumnos a centros que no desean sus padres, estableciendo porcentajes de alumnos inmigrantes o con menos recursos (siendo un concepto indeterminado y discrecional, en manos de las administraciones).
Preguntada por la decisión de la plataforma de la concertada Más Plurales, adelantada por ABC, de pedir amparo al Parlamento Europeo por considerar que la «ley Celaá» constituye un «ataque sistémico» al Estado de Derecho de España, la ministra respondió que no lo entiende así. « Nuestra ley es perfectamente constitucional , incrementa y mejora la participación del profesorado, alumnado y de los padres en los consejos escolares y en la selección de directores. Es una ley que abre la Democracia, que responde perfectamente a lo que son los principios de reconocimiento de la libertad de enseñanza, reconocida en el artículo 27.1 con la creación de centros. Es una ley que respeta todo lo que ha significado el desarrollo del sistema educativo de acuerdo a la Constitución del 78».
No comparte la comparación de Iglesias entre Puigdemont y los exiliados republicanos
Añadió que la Plataforma « está en su derecho » de recurrir al Parlamento aunque insistió en que la Lomloe es una norma «ponderada y respetuosa, tanto del derecho a la educación como de la libertad de enseñanza».
Preguntada por la comparación que hizo el vicepresidente Pablo Iglesias , entre Carles Puigdemont, huido de la Justicia, con el exilio forzado de miles de republicanos españoles durante el franquismo, Celaá dijo que no comparte la comparación y que estas son injustas. «Las comparaciones son muy injustas y la marcha de los exiliados fue obligada, huían de una muerte, de una guerra civil, de la posibildiad de ser asesinados e iban a un ambiente que no conocían, arrastrando niños y mujeres. No lo comparo para nada con la salida de Puigdemont».
Preguntada sobre si se inspiró en algún modelo para eliminar de la ley la referencia al castellano como lengua oficial del Estado, Celaá dijo que «de ninguna de las maneras se puede identificar con eso la retirada de un adjetivo, no afecta a la naturaleza del castellano». La ministra defendió que el castellano «ha sido vehicular siempre, lo fue antes de 2013 (cuando dicha referencia es introducida en la Lomce), es vehicular y seguirá siendo vehicular».
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