Aviso de bomba para no hacer un examen, simular un secuestro... El gran coste de las llamadas falsas al 112
La ley de Emergencias de la Comunidad de Madrid multará con hasta 30.000 euros a las personas que alerten para difundir bulos
Una llamada por un aviso de bomba para no realizar un examen en el instituto y un secuestro de menores que estaban en perfectas condiciones son dos de los ejemplos que hicieron sonar los teléfonos de la sala de atención de llamadas de urgencia 112 y dispararon todas alarmas, obligando a movilizar personal y medios técnicos para su correcta resolución. Los avisos, que existieron, resultaron ser falsos, provocando un alto coste tanto por la activación de recursos como por la pérdida de tiempo y la ocupación de líneas telefónicas que tendrían que estar atendiendo emergencias reales.
Afortunadamente, las alertas para difundir bulos son mínimas, pero la Comunidad de Madrid trabaja ya en una ley -aprobada en el Consejo de Gobierno, pero que aún no ha pasado el trámite parlamentario- para poner coto a posibles negligencias. Con el objetivo de disuadir malas intenciones, toda persona que realice llamadas intrascendentes que afecten a la eficacia del servicio o de las que puedan derivarse accidentes con movilización de Protección Civil y Emergencias se enfrenta a una infracción grave y podrá ser sancionada con entre 1.500 y 30.000 euros.
«Las llamadas con intencionalidad de movilizar efectivos son mínimas, pero es muy importante que la gente sepa que una llamada malintencionada puede consumir recursos que son necesarios tener disponibles para alertas reales», explica Alejandro Martínez, director del Centro de Atención de Llamadas de Urgencia 112. Martínez asegura que la educación en materia de emergencias es fundamental para que los ciudadanos sepan actuar, aunque cada día, gracias a las formaciones, están «mejor instruidos». «El número de llamadas que se reciben se aproxima cada vez más a las emergencias que se producen», afirma el responsable de la sala que cada jornada recibe más de 12.000 alertas.
«El problema llega cuando una llamada se realiza con voluntad de generar movilización. Además del coste que genera, y que se penaliza como infracción muy grave, lo importante es que está obligando a utilizar recursos críticos y limitados en situaciones que pueden ser necesarias para otros casos», subraya el director del centro.
Tan bajo es el número de bulos que atienden que Martínez es capaz de recordar ejemplos ocurridos hace años. «Unas niñas llamaron por un aviso de bomba. Estas alertas eran típicas de cuando existían las cabinas, porque la gente pensaba que no se podía localizar la llamada. La inconsciencia juvenil las llevó a llamar en momentos de exámenes, aunque creo que ellas lo hicieron desde un teléfono con titular», rememora. El caso terminó en la Fiscalía de Menores y se les impuso una gran lección : recibirlas en el centro de llamadas del 112 y explicarles qué significaba lo que habían hecho, la alarma generada, pero con imágenes de explosiones reales. «Eso ayuda más que cualquier multa», opina Martínez.
Uso correcto
Hubo otra negligencia: menores que simulaban estar secuestrados. «Tuvo muy atentos a todos los servicios de emergencia, principalmente a los de seguridad, hasta que se determinó que no era real. Intentaron localizar desde dónde se producía la llamada y dónde estaban, consumiendo un tiempo muy grande porque la información era muy pobre», cuenta. Esa 'llamada jocosa' afectó a la eficacia del servicio.
«La posibilidad de que haya un régimen sancionador es importante desde el punto de vista de la disuasión», dice Martínez: «Pero lo más importante es un correcto uso del 112, que asume todas las llamadas, a veces, con emergencias subjetivas o para obtener información de un suceso que se está viendo. Partiendo de la base de que los casos son mínimos, los gestores tienen una gran preparación y experiencia, por lo que son muy hábiles a la hora de saber distinguir».
Existe también la figura de los frecuentadores, personas con patologías mentales que llaman de manera reiterada. «Son fáciles de gestionar porque los reconoces, tienen antecedentes en cuanto a llamadas. No es un número elevado de personas, pero a lo mejor llaman muchas veces seguidas durante un tiempo», expresa Martínez.
El proyecto de ley de Protección Civil y Emergencias, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, que dirige Enrique López, incluye la conversión de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) en un ente público de derecho, lo que dará mayor agilidad en la gestión. Y permite también a la Comunidad de Madrid personarse en todos los procedimientos judiciales derivados de incendios provocados.
Además, la ley plantea reorganizar los centros e integrar el Organismo Autónomo Madrid 112 en el ente de nueva creación en que se convertirá la ASEM 112, que englobará a los cuerpos de Bomberos, Agentes Forestales, Policías Locales, Protección Civil, Ifise y Espectáculos Públicos.
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