Galicia
«El responsable del fracaso de la venta de Alu Ibérica fue Alcoa»
El sindicato que puso la denuncia contra Riesgo confía en que aparezca otro inversor

Juan Antonio González acaba de ser reelegido como secretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP). El sindicato presentó en octubre de 2020 la denuncia que ha dado pie a toda la investigación penal sobre la venta de las plantas de Alu Ibérica de La Coruña y Avilés. González señala a Alcoa como la culpable de la situación actual de las fábricas de aluminio. Dos años después de su venta , la jueza María Tardón investiga si los compradores adquirieron las factorías para desmantelarlas en su propio beneficio y acaba de autorizar su entrada en el concurso de acreedores.
«Para defender los derechos de los trabajadores, lo más ordenado es esta situación de concurso» , sostiene González. El secretario general del sindicato que representa a cargos intermedios de las empresas se muestra esperanzado ante el futuro. La ministra de Industria, Reyes Maroto, les ha trasladado que era necesario llegar a este punto para iniciar la búsqueda de un nuevo inversor que pueda hacerse cargo de las factorías. «Quiero pensar que las plantas tienen futuro en manos de un proyecto serio y solvente», indica González.
La historia se repite pero con un agente fuera de la ecuación, la multinacional del aluminio Alcoa, la antigua propietaria de las fábricas en las que trabajaban casi 700 personas . Desde hace meses la factoría no tiene actividad y el administrador judicial solicitó un ERTE para que puedan cobrar. Ya les deben varios meses de salario. En octubre de 2018, Alcoa anunció el cierre de sus centros de producción de La Coruña y Avilés. Pero después se abrió a buscar un inversor «serio, solvente y riguroso» . En julio de 2019 cerró la venta por un euro con el fondo de inversión suizo Parter, que se comprometió a mantener los empleos durante dos años. Parter tenía ya en ese momento condenas de la justicia francesa por entrar en el accionariado de empresas en ese país, vender todos los activos interesantes y abocarlas al cierre.
«El responsable del fracaso de la venta de Alu Ibérica fue Alcoa», denuncia González. El secretario general de CCP afirma que f ue la multinacional la que «pilotó el proceso» e incumplió su palabra de buscar un inversor que ofreciese una continuidad para las factorías. González disculpa el papel jugado por las administraciones públicas. El proceso de venta fue tutelado por el Gobierno central, el gallego y el asturiano . Pero ninguno de ellos pareció comprobar los antecedentes del fondo de inversión seleccionado por Alcoa. «El Ministerio no tiene esa función, ni esa responsabilidad» , sostiene. Pero al sindicalista le cuesta creer que la multinacional del aluminio no estuviese informada de las actividades de Parter. «Alcoa no es una empresa poco inteligente para no haber hecho una investigación, es una empresa estadounidense con negocios en todas las partes del mundo. No me creo que no hayan hecho la investigación», subraya. «Me cabe la duda de si una empresa mundial como es Alcoa de reconocido prestigio hizo los deberes o no. Si no los hizo mal hecho y si los hizo me reservo mi opinión . La investigación judicial cuando siga adelante tendrá que determinar si aquí hubo más cosas de las que conocemos hasta ahora», apunta.
Recorrido judicial
Tras la denuncia de CCP, la jueza María Tardón en colaboración con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía inició en diciembre de 2020 una investigación. En abril de ese mismo año, Parter Capital había vendido el 75% de sus acciones en ambas factorías al Grupo Industrial Riesgo del que los trabajadores desconfiaban. El sindicato CCP realizó una investigación y concluyó que los nuevos propietarios no eran realmente una sociedad solvente sino un conjunto de empresas pantalla. La UDEF entró en las factorías a principios de marzo de este año y detuvo a varios directivos de Riesgo, que han quedado en libertad con cargos. La jueza también mantiene como investigados al fondo Parter y a la propia Alcoa. Tardón decretó la entrada en las fábricas de interventores judiciales para que investigasen la gestión de Riesgo. Después, ante los indicios de insolvencia de la empresa, los apartó de la gestión y nombró a un administrador judicial que ahora ha pedido el concurso tras constatar que los gestores se habían llevado prácticamente todo.
La jueza también busca los 13 millones de euros que se llevó el fondo suizo por la venta de la compañía. Para pagarlos, Riesgo los tomó prestado de unas garantías bancarias de la propia Alu Ibérica. No puso un euro de su bolsillo. González cree que Parter también engañó a Alcoa de alguna manera. La multinacional, indica, vendió las plantas porque era una «salida que le salía más barata que la de desmantelarlas, dejar el terreno preparado para otro negocio y pagar las indemnizaciones de despido a los trabajadores». Por eso además de cederlas por un euro se comprometió a inyectar 115 millones de dólares en los dos años siguientes para inversiones. «Yo creo que Parter tenía intención de hacer negocio vendiendo todos los activos de las fábricas , pero cuando llegó vio que no había tanto capital que sacar y dijo, me busco un tercero que asuma la responsabilidad y me llevo los 13 millones», considera el secretario general de CCP. González opina que Alcoa no se esperaba este movimiento del fondo de inversión. «Todo esto se puso en manos de la Audiencia Nacional porque nosotros estábamos viendo lo que estaba pasando. La Audiencia Nacional y la jueza María Tardón con la UDEF han hecho un extraordinario trabajo de investigación y está aflorando todo lo que ha pasado aquí», celebra. Ahora espera que la Justicia ponga a todos en su sitio y en unos meses se pueda iniciar una nueva búsqueda de un inversor.