El juzgado declara el concurso de Alu Ibérica ante su «insolvencia»

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de La Coruña declaró esta mañana en concurso voluntario de acreedores a la entidad Alu Ibérica LC. En un auto, firmado por la magistrada Salomé Martínez Bouzas, la sala considera que se ha acreditado el estado de insolvencia de la planta que vendió Alcoa en 2019 al fondo suizo Parter . La magistrada aparca de momento la liquidación de la empresa, que también había sido solicitada. Según informó el TSXG, «considera que no procede pronunciarse sobre esta cuestión en este momento procesal».

La decisión llega después de que la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, que investiga la posible despatrimonialización de la empresa por sus anteriores gestores, autorizase la semana pasada al administrador judicial a presentar el concurso . Tardón consideró que esta era «la única vía adecuada para protección del patrimonio, así como de los derechos de los trabajadores y del resto de acreedores». El administrador había remitido un informe al juzgado de instrucción número 3 de la AN en el que describe la situación de la planta coruñesa y asturiana como de «insolvencia».Tardón decidió hace unos meses apartar de la gestión al Grupo Riesgo al apreciar indicios de que estaban intentando desmantelar la factoría en su propio beneficio. En el caso figuran también como investigados el fondo suizo Parter, que compró las plantas a Alcoa en un primer momento y la propia multinacional del aluminio.

Para solicitar el concurso voluntario, Alu Ibérica remitió una memoria económica, un inventario de bienes y una relación nominal de los acreedores. «De la documentación aportada, apreciada en su conjunto, se desprende el estado de insolvencia actual de la solicitante», concluye la jueza.

El juzgado coruñés evita por el momento pronunciarse sobre la liquidación de la sociedad. Durante este proceso se declara la imposibilidad de la empresa de seguir adelante con sus funciones y es el momento en el que los acreedores pueden aspirar a cobrar parte o total de la deuda tras la venta de activos de la compañía concursada. Martínez Bouzas entiende que en los autos en los que María Tardón apartó a Riesgo y nombró un administrador judicial, y en el que lo autorizó a solicitar el concurso, «no se pronuncian sobre la posibilidad de que el administrador judicial solicite la liquidación». Por ese motivo le concede un plazo de cinco días para que acredite que está autorizado para solicitarla. El procedimiento prevé hasta diez días para pedir la liquidación una vez que se inicia el concurso.

La apertura del concurso de acreedores permite una nueva oportunidad para buscar un comprador interesado que quiera hacerse cargo de las plantas tras el fracaso de la venta capitaneada por Alcoa. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha trasladado ya a los trabajadores de Avilés que supone el marco legal adecuado para que puedan aparecer nuevos inversores y que hay algún grupo interesado. La semana pasada, tras conocerse la autorización del concurso, el comité de Alu Ibérica acusó a las administraciones de darles la espalda «ante una trama criminal» que llegó a las plantas de aluminio para saquearlas y dejar a los trabajadores abandonados.