La plantilla de Alu Ibérica acepta retirar las acciones judiciales contra Alcoa para cobrar las indemnizaciones

Tras más de tres años, el conflicto entre Alcoa y sus extrabajadores de La Coruña y Avilés escribe ya su capítulo final. El 100 % de la plantilla ha aceptado el acuerdo propuesto por la multinacional del aluminio, que en julio de 2019 vendió la planta al fondo de inversión suizo Parter Capital. Los nuevos propietarios se comprometieron a reflotarla, pero apenas unos meses después se la traspasaron al grupo Riesgo, que renombró la compañía como Alu Ibérica. Los empleados se enfrentan ahora a un proceso de despido en el marco de un concurso de acreedores. Hace unos meses, Alcoa les propuso pagarles las indemnizaciones comprometidas en las negociaciones del ERE previas a la llegada de Parter. A cambio t endrían que renunciar a las acciones judiciales que habían emprendido para demostrar que la venta de las plantas había sido una estafa.

«El respaldo de los trabajadores ha sido total», confirmó esta mañana Alcoa . La plantilla tenía hasta las 24 horas de este lunes para suscribir los documentos pactados. La multinacional se compromete a hacerse cargo de las indemnizaciones. Serán más ventajosas que las que ofrece la legislación actual. Frente a los 45 días por año trabajado hasta 2012 y los 33 desde la entrada en vigor de la reforma laboral, se les dará 60 días por año hasta el 31 de julio de 2021. Los trabajadores deben retirar las demandas presentadas ante la Justicia. Alcoa está siendo investigada por la vía penal por el proceso de venta de las plantas al fondo Parter, que las compró por un simbólico euro y se embolsó después 13 millones por su traspaso. El Grupo Riesgo no pagó con dinero propio, sino que recurrió a los fondos que tenían en caja las propias plantas. A finales de febrero, la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, tomó declaración al presidente Álvaro Dorado y la administradora única de la compañía Christine Keener. Ambos figuran en la causa como investigados, antiguos imputados.

Los trabajadores contaban ya con una sentencia de la Audiencia Nacional por la vía social, en la que se culpa a la empresa de no buscar un inversor serio, solvente y riguroso para hacerse cargo de las plantas. También obligaba a Alcoa a pagar las indemnizaciones prometidas en el ERE. Pero la multinacional había presentado un recurso ante el Supremo. La plantilla ha decidido no esperar al fallo del alto tribunal, que aunque fuese favorable, podría tardar meses.

«A partir de ahora, los representantes de los trabajadores, los administradores concursales y la propia Alcoa continuarán con los procedimientos necesarios para formalizar el acuerdo, que en caso de cumplirse las condiciones previstas supondría el pago de las compensaciones contempladas y el desistimiento de los procedimientos judiciales abiertos», informa la compañía. Falta que los representantes de los trabajadores retiren efectivamente sus demandas para que puedan cobrar. Además, el acuerdo, al que ha tenido acceso ABC, indica que incluso el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado deben pedir el sobreseimiento de la causa . Si no aceptasen, los trabajadores tampoco cobrarían. El proceso puede prolongarse aún varias semanas.

A mediados de marzo, los comités de empresa habían organizado una consulta para testar la opinión de los trabajadores sobre el acuerdo ofrecido por Alcoa, que exigía unanimidad. Si alguien se negaba no había indemnizaciones para nadie. El respaldo fue mayoritario , aunque algo menor en Coruña que en Avilés, pero entonces hubo algunos votos en contra. Ahora el 100 % de los empleados ha respaldado el pacto renunciando a ir contra Alcoa penalmente por vender las fábricas a un fondo que ya tenía condenas de la justicia francesa por quebrar empresas .

«Alcoa busca este acuerdo por los problemas judiciales que pueda tener, no porque le importen los trabajadores», explica a ABC Juan Antonio González, secretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), el sindicato que puso la querella que dio pie a la investigación penal. «No creo que sea un buen acuerdo, es el acuerdo que le interesa a Alcoa y que los trabajadores ante una situación de alto estrés e insostenible prefieren», indica González. El secretario general de CCP recuerda que en los últimos años los empleados han sufrido «presiones, vejaciones y sufren secuelas psicológicas por culpa de unos presuntos delincuentes».