TRIBUNALES
Orozco solicita a la Audiencia de Lugo el archivo del «caso Garañón»
Su defensa alega que es «una represalia» tras ser uno de los denunciantes del expediente que derivó en la sanción de siete meses y un día de suspensión impuesta por el CGPJ
Dos son los frentes que José López Orozco y José Ramón Gómez Besteiro , las principales víctimas políticas de las macrocausas de Pilar de Lara tienen abierta contra la juez: su recusación como instructora tras la dura sanción de siete meses de suspensión impuesta por el CGPJ y que acarreará su salida de su juzgado en Lugo; y el acelerado cierre del «caso Garañón» , cuya instrucción se dio por concluida el día antes de que el Consejo ratificara por unanimidad la sanción contra la magistrada.
Casi en paralelo a la presentación del escrito de recusación contra la juez , la defensa de López Orozco remitió a la Audiencia Provincial el recurso de apelación al cierre del «Garañón», una investigación sobre supuestas irregularidades y corruptelas urbanísticas diversas en una de las zonas más exclusivas de Lugo durante los gobiernos de Orozco, en los que Besteiro fue además concejal de urbanismo.
Para los abogados de Orozco, la precipitada conclusión de la instrucción del «Garañón» es «una represalia» contra el exalcalde por parte de la instructora. En opinión de la defensa, De Lara debería haberse abstenido de continuar con la investigación tras la primera sanción que le impuso la Comisión Disciplinaria del CGPJ , en marzo de este año, dado que el letrado Gregorio Arroyo fue uno de los denunciantes de las anomalías de su juzgado, como lo acreditaría el hecho de que el Consejo le notificara dicha sanción.
Para Arroyo, el auto de transformación en juicio oral «tiene una apariencia de represalia o venganza en contra de quien responsabiliza por su sanción», y todo ello «con independencia de la nulidad» de este escrito, al que pone como «un mal ejemplo de cómo convertir meras conjeturas y sospechas en un indicio criminal». De Lara imputa a Orozco cuatro supuestos delitos : contra la ordenación de territorio, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental.
En su recurso, la defensa de Orozco carga contra los controvertidos modos de instrucción de Pilar de Lara, censurados por el CGPJ en el pliego de cargos de su sanción . «Los investigados han padecido una instrucción en la que se eternizaban sus escritos en la mesa de la magistrada mientras se actuaba con inusitada rapidez, con movilización de todo tipo de medios, ante la caida de una perrita por una ventana, llegando incluso a acordar una medida de alejamiento de los dueños», censuran.
«Sospechas y conjeturas»
«Del examen minucioso del auto recurrido no se atisba no ya la existencia de pruebas, sino el más mínimo indicio de los supuetos delitos» que se le imputan al exalcalde, más allá de «todo un repertorio de sospechas y conjeturas» y «un cierto grado de manipulación por parte de la instructora de informes y documentos».
El grueso de la defensa de Orozco se construye sobre la inexistencia de cualquier irregularidad penal, ya que, como mucho, podría existir alguna anomalía administrativa que no correspondería subsanar en el orden penal sino por la vía contenciosa , según «el principio de intervención mínima y de última ratio» del derecho penal. Este criterio, añaden, no sería desconocido para la juez, ya que fue el mismo que aplicó hace pocos días para archivar una pieza que mantenía abierta contra el propio Orozco y la alcaldesa Lara Méndez por el nombramiento de diversos funcionarios en el Ayuntamiento de Lugo.
Uno de los elementos sobre los que girá la acusación de Pilar de Lara es el convenio urbanístico firmado entre el Concello y el promotor para la construcción de las polémicas Torres del Garañón, suspendidas por orden de la juez instructora. La defensa alega que ninguna sentencia ha declarado la nulidad de dicho convenio, sino que reclaman retrotraer las actuaciones para incorporar un informe de la Consellería de Cultura, que sería además la que habría cambiado de criterio, dado que inicialmente no consideraba necesario evaluar dicho convenio.
Además, el abogado de Orozco acusa a la juez de plegarse a las tesis de las acusaciones populares a la hora de asumir un determinado relato de los hechos que, a su juicio, no se corresponde con la reaidad. En su auto, De Lara llega a dibujar a los acusados como «una especie de organización criminal, que de forma soterrada se ponen de acuerdo para beneficiar a determinados constructores» , reprocha la defensa, «todo ello, desde la más absoluta conjetura y sospecha y huera del más mínimo indicio racional».
La Audiencia Provincial de Lugo tiene doble tarea: primero, resolver si acepta el cierre de la instrucción del «caso Garañón», y acto seguido determinar si hay base o no para apartar a Pilar de Lara de las piezas en las que figura Orozco como investigado.
Noticias relacionadas
