La juez amplía a 18 meses la causa por el supuesto enchufe en Vigo

La juez a cargo de la investigación sobre el supuesto enchufe de la cuñada de la teniente de alcalde y presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, en una concesionaria municipal, considera «evidente» la declaración de la complejidad de la causa abierta. La magistrada, que a su vez instruye la operación Patos —en la que trata de averiguar si existió una trama de adjudicaciones irregulares a empresas—, atiende así a la petición de la Fiscalía y establece que se amplíe el periodo de instrucción a 18 meses. Esto es, hasta junio de 2017 .

Lo hace en contra del argumentario esgrimido por varios de los investigados, entre ellos la familiar de la número dos en el gobierno local y el concejal de Empleo y presidente provincial del PSdeG en Pontevedra, Santos Héctor Rodríguez . En sendos escritos enviados al Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, sus defensas se ceñían a la «falta de pruebas» que certificasen algún delito para pedir el sobreseimiento del caso , en el que además figuran como investigados un funcionario jefe de servicio y el apoderado y administrativo de la concesionaria Imesapi . Esta última, encargada entonces del servicio de los centros cívicos en la ciudad contrató a Vanesa Falque (cuñada de Silva) a petición del Ayuntamiento, según llegaron a confirmar los directivos de la adjudicataria durante su declaración ante la juez; como testigos e investigados.

En uno de los autos emitidos por María del Carmen García Campos, la magistrada esgrime que existen «serios y fundados indicios» de que los trabajos encargados por el Ayuntamiento a Imesapi —por casi 125.000 euros— para compensar la contratación de la cuñada de Silva no se llegaron a realizar, y amplía el marco penológico de los hechos investigados a los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Precisamente, a este respecto se pronuncia en su último auto conocido ayer y al que tuvo acceso ABC. Para declarar la causa compleja, la juez se apoya en que, a lo largo de la investigación, han aparecido indicios de posibles delitos no contemplados inicialmente. Si bien, la clave a la que apunta García Campos es que la instrucción «está pendiente de una prueba pericial de un sociólogo» , una diligencia acordada el pasado 3 de mayo.