La juez investiga el pago de informes con dinero de Vigo que nadie sabe quién hizo

El supuesto caso de «enchufismo» de familiares de concejales del gobierno socialista de Vigo en una concesionaria municipal suma dos nuevos investigados. Se trata de los responsables de la empresa Imesapi , la antigua adjudicataria del servicio de los centros cívicos en la ciudad, a los que la titular del Juzgado de Instrucción número 7 al frente de la causa considera colaboradores necesarios en un «comportamiento ilícito».

Así, y con el objetivo de aclarar la falta de control manifestada por estos sobre sus empleados en una anterior declaración como testigos, la magistrada llama de nuevo a Ramón C.A. y José Antonio M.B. a declarar en calidad de investigados —antigua figura de imputado—. También requiere la presencia de Vanesa Falque , familiar de la presidenta de la Diputación de Pontevedra , Carmela Silva, y el jefe de servicio de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, Francisco Gutiérrez Orúe , en la misma situación procesal.

En el auto al que ha tenido acceso ABC, la magistrada que también instruye la operación Patos recuerda que el Concello pagó 128.582,79 euros por unos trabajos cuya autoría cuestionaron los propios implicados y no figura en ninguna de las nueve facturas expedidas por Imesapi al Ayuntamiento.

Según recoge el escrito, Gutiérrez Orúe confirmó en su declaración que la cuñada de Silva fue contratada por Imesapi para realizar unas encuestas (cuestionarios sobre el servicio), extremo que Falque confirma. No igual haber realizado trabajos de análisis, tratamiento, volcado de datos o conclusiones , una parte que la juez califica de «esencial y más técnica» y que, en su opinión, « podría justificar unos pagos tan abultados como 17.864, 16.520 o 20.933 euros».

A ojos de la Carmen García Campos estos importes constituyen una «situación inadmisible» , pues «se está partiendo del pago por parte del Concello de Vigo de nueve facturas que han importado una suma de 128.582,79 euros con cargo a las arcas municipales, en la que es evidente que la empresa Imesapi desempeña un papel esencial al prestar cobertura empresarial necesaria para poder canalizar y dar forma a esos pagos mediante la contratación de una trabajadora —Vanesa Falque— que no parece que necesitase».

El juzgado cree que estas facturas son una compensación a Imesapi por la contratación de la familiar de Silva y que «aparte de la inicial prevaricación apreciada », podrían concurrir otros delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad documental , ya que «existen (ahora) fundadas dudas» de que la empresa realizara esos trabajos.

En esta causa está también siendo investigado el concejal de Empleo y Participación Ciudadana, Santos Héctor Rodríguez , quien durante su declaración negó conocer a Falque, y derivó la responsabilidad de la gestión y pagos a su jefe de servicio.