Coronavirus
Feijóo avisa: sin certificado no se descarta cerrar la hostelería
La Xunta solicita la autorización al TSXG para recuperar este requisito anulado en la Orden del 22 de julio
El tribunal ya consideró la pasada semana que la medida no vulneraba derechos fundamentales
Compás de espera en Galicia por la resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSXG) respecto a la exigencia del certificado de vacunación para acceder al interior de los negocios de hostelería en los municipios de mayor incidencia y en los locales de ocio nocturno de las zonas con niveles medio y medio-bajo. Desde primera hora de este viernes, la Sala de Vacaciones estudia la solicitud de la Xunta para aplicar esta restricción , incluida en la Orden del 22 de julio pasado que, según el TSXG, no llegó a entrar en vigor porque no se le remitió para su autorización. A última hora de la tarde, los tres magistrados continuaban con la deliberación, retrasada por la necesidad de incorporar el informe de la Fiscalía. Es cuestión de horas.
Lo que está en juego es la posibilidad de que el sector hostelero no tenga que cerrar automáticamente en aquellos municipios que se sitúen en las franjas alta y máxima de incidencia de la pandemia, como venía sucediendo hasta el 22 de julio. La resolución del TSXG se espera en cualquier momento, ya sea este mismo sábado o incluso el próximo lunes. Por el camino, un largo fin de semana de 15 de agosto en el que esta restricción no estará en vigor, aunque sí otras como las limitaciones en el número de participantes en reuniones sociales.
Si el TSXG mantuviera la coherencia con sus propias resoluciones, su dictamen sería favorable a aceptar la exigencia del certificado Covid. La pasada semana, en su respuesta al recurso planteado por Lugo Monumental, los magistrados reconocieron que «detrás de todas las medidas» que establecía la polémica Orden de 22 de julio, «incluidas las que ahora son objeto de impugnación, subyace el interés en evitar la aglomeración de personas, de procurar que se respeten las medidas de distanciamiento y, en definitiva, de proteger la salud pública haciendo frente a los brotes y a las cadenas de transmisión existentes». Entonces reconocieron «un evidente fundamento sanitario» y «la indudable preponderancia del interés general en la protección de la salud pública». Pero eso era hace una semana.
Con amparo legal
A primera hora de la mañana, la Xunta anunció la remisión de la solicitud de autorización, y reiteraba sus argumentos : la ley autonómica de salud pública —recurrida por el Gobierno en abril pero avalada por el TC a finales de julio— ampara la adopción de medidas que pueden ir desde el planteamiento de exigencias para acceder a determinadas actividades económicas a la solicitud de información sanitaria, como por ejemplo el certificado de vacunación.
A la espera del veredicto del tribunal, el presidente de la Xunta mandaba un mensaje: si no se acepta el uso del certificado Covid como salvoconducto para garantizar la seguridad sanitaria en la hostelería, no se descarta que la alternativa sea volver a plantear el cierre de estos negocios.
Tras recordar que la mayoría de los países de la Unión Europea están empleando el pasaporte Covid como lo ha venido haciendo Galicia, Alberto Núñez Feijóo expresó desde Pontevedra su «deseo» de que el TSXG « acepte nuestra propuesta y podamos, otra vez, incorporarnos a los países de la UE » que poseen esta medida en vigor, que «lo están haciendo mejor que España». Feijóo insistió en que «no tiene sentido» que estos certificados, de los que se han expedido 18 millones en España —1,5 millones en Galicia, según informó ayer el Sergas—, solo sirvan para viajar en avión. Vio absurdo que no se premie el esfuerzo a la hora de vacunar y se empleen estos documentos en espacios cerrados como hostelería o transporte público.
El jefe del Ejecutivo autonómico advirtió que el pasaporte Covid suponía un alivio para el sector de la hostelería en aquellos municipios con «prevalencias muy altas» de Covid. Y que, en caso de no obtener el aval del TSXG, « probablemente estén ante el riesgo de tener que cerrar el interior ». El sector ya expresó este mismo jueves su preocupación en este sentido, pues la Xunta habría de volver al ‘modus operandi’ anterior, de clausuras en los concellos más afectados.
El presidente gallego evitó cuestionar los bandazos del TSXG —que la semana pasada avaló la validez de la orden que este miércoles consideró que no estaba en vigor— y optó por señalar al Gobierno. Lo sucedido «viene a acreditar claramente es que estamos ante una laguna legal, una ausencia de ley estatal; por eso las comunidades autónomas estamos dando botes de un lado para otro, en función de la interpretación que hagan los Tribunales Superiores. Y los TS tienen dificultades para interpretar de forma homogénea porque no hay una legislación homogénea», manifestó.
Petición de dimisiones
Mientras el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, se mostró conciliador y consideró que es el «momento» de que «nos calmemos», porque entiende que «cuanto menos ruido, en este caso político, hagamos, mejor», desde el PSdeG se endureció el tono hasta el punto de pedir la dimisión del presidente de la Xunta. No lo hizo Gonzalo Caballero sino su viceportavoz parlamentario, Pablo Arangüena. «El señor Feijóo muestra un grave desprecio por la legalidad», aseguró en un comunicado, «y debería asumir las consecuencias del error como máximo responsable de la Xunta», al que relacionó con «la derecha trumpista» por sus «tics autoritarios».
Noticias relacionadas
