La Fiscalía investiga penalmente en Galicia a cinco residencias

Casi la mitad de los fallecidos en Galicia a causa del coronavirus vivían en una residencia de ancianos. La Xunta ha tenido que intervenir tres centros privados en la Comunidad, el de Nuestra Señora de Fátima, en O Barco, y los de DomusVi, en Cangas y Vigo. También ha habilitado dos residencias públicas para concentrar casos de enfermos de Covid-19. El elevado número de contagios ha motivado distintas denuncias de asociaciones de familiares y la Fiscalía también está actuando . Galicia tiene actualmente cinco investigaciones penales abiertas para determinar si hubo responsabilidad de los gestores en el elevado número de contagios por coronavirus.

La Fiscalía General del Estado informó que de las 86 investigaciones abiertas en toda España, cinco corresponden a la Comunidad. Una de ellas está a cargo de la Fiscalía Superior de Galicia, que indaga si la gestión de la crisis fue correcta en el centro San Rosendo en Orense, tras una denuncia de la Asociación REDE . La Fiscalía provincial de Orense lleva dos, la de Pontevedra otra. En Lugo se investigó una residencia de Chantada, pero según indican fuentes de la Fiscalía Superior de Galicia el caso ya ha sido archivado. Además, Galicia concentra 11 de las 121 diligencias civiles incoadas en todo el territorio nacional.

Ayer el Juzgado de Instrucción número 1 de Cangas decretó también el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones relacionadas con la existencia de fallecidos por la Covid-19 del centro gestionado por DomusVi en esta localidad. En la denuncia presentada por la federación de familiares REDE, según indica la jueza, «no aparecen indicios suficientes de la perpetración de delito» , pues «solo refiere la existencia de datos ya conocidos, publicados tanto por la Administración como por los medios de comunicación, sin que se aporten datos o hechos concretos». Además, la jueza sostiene que los enfermos y residentes han estado sometidos a control médico, sin que en ningún momento el personal sanitario haya puesto en conocimiento de la autoridad judicial la existencia de sospechas de malos tratos.

Aparte de esta denuncia, la federación de usuarios y familiares REDE ha presentado ante la Fiscalía Superior de Galicia otras tres, una contra propietarios y gestores de las residencias donde se contabilizan fallecidos y/o contagiados por Covid-19, otra específica contra los del grupo DomusVi, cuyos centros concentran las mayores tasas de incidencia, y una contra dos altos cargos y una funcionaria de la Xunta.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, desvinculó la titularidad de las residencias de mayores de los problemas derivados de los contagios de Covid-19 y aseguró que la situación es «común en toda Europa y España». Preguntado por las críticas en las que el PSdeG vinculó la «privatización» de estos centros por parte de la Xunta a la creación de «imperios geriátricos», Feijóo rechazó plantear un «cuestionamiento de la titularidad» de las residencias. Según informa Ep, el Movemento Galego pola Defensa das Pensións Públicas (Modepen) cargó contra la gestión privada y aseguró que «el riesgo» tanto de contagiarse de coronavirus como de morir por la enfermedad «es más elevado». Según un estudio realizado por la entidad, el porcentaje de ancianos infectados se multiplica por 2,58 y el de los fallecidos en un 5,73 en los centros privados con respecto a los públicos .

Desde Galicia en Común se volvió a pedir a la Xunta que intervenga los centros privados. «Es intolerable que la Xunta siga sin hacer nada y que el único recurso de las familias para impedir la grave situación a la que están sometidos los usuarios sea acudir a los tribunales», apuntó su portavoz, Antón Gómez-Reino.