Así es la zona protegida que ha impedido celebrar el festival Marenostrum

El alcalde de la localidad valenciana de Alboraya, Miguel Chavarría , no sale de su asombro por la negativa de la Conselleria de Obras Públicas a la celebración del festival Marenostrum en su localidad, que ha obligado al Ayuntamiento a denegar la licencia y a la promotora a anular el evento a 24 horas de que comenzase . Según su relato, el Consistorio y la promotora llevaban seis meses esperando respuesta de la Conselleria, tras realizar todos los trámites en noviembre, hasta que «el pasado 22 de junio el grupo de Compromís denunció ante el Gobierno autonómico la celebración del festival, y en una semana nos contestan con un informe negativo días antes de que comience el festival». «Si nos hubieran dicho que no en marzo, habríamos tenido tiempo de buscar alternativas», lamenta. «O al menos no se habría hecho todo el trabajo».

El informe de la Conselleria que ha impedido celebrar el festival se basa en dos argumentos. El primero, que adecuar la zona para celebrar la fiesta implica realizar desmontes que afectarían al terreno, «algo que solo supone el informe, porque lo que se hace es limpiar la zona» (de hecho, este trabajo ya se ha realizado). Y el segundo, que «al realizarse en zona de servidumbre, solo pueden llevarse a cabo actividades convenientes para el municipio ». Es decir, que «un técnico de la Conselleria le dice a mi Ayuntamiento lo que es o no conveniente para el pueblo», dice indignado Chavarría. «Es un criterio muy subjetivo»

Pero hay más. El informe recomienda «trasladar a otro lugar» la celebración , cuando todo el trabajo previo ya está hecho y ha comenzado el montaje. Y cuando, evidentemente, no quedar margen de tiempo para realizar de nuevo todos los trámites para conceder la licencia. Y al desestimar «en 24 horas las alegaciones», el 6 de julio, la Conselleria «nos ofrece la posibilidad de acudir a un contencioso administrativo durante el plazo de dos meses». «Es como si se rieran de nosotros» , lamenta el alcalde.

En consecuencia, el festival no se celebrará este año, eso ya ha quedado claro. La promotora tiene concertada una reunión con el gabinete de Mónica Oltra el próximo martes , para abordar posibles soluciones. Por el momento, los impulsores del festival, «todos de entre 20 y 30 años», según su representante, Cristina de Maya , están «desubicados por el palo» y «asesorándose legalmente». Las pérdidas por la inversión ya realizada se calculan en un millón de euros . «Había casi 20.000 personas con entrada que se han quedado tiradas, y 500 personas más que no van a poder trabajar». Muchos de ellos, del pueblo.

El alcalde también lamenta la pérdida del impacto económico para su localidad. «Entre los vecinos había gente a favor y en contra, como en todo, pero el comercio estaba muy volcado, porque muchos de ellos iban a trabajar dentro del recinto , y luego los asistentes pueden ir a comer a un bar, dormir en la localidad...» En cuanto a la cuestión medioambiental, que ha sido la definitiva (pues el resto de informes negativos no son vinculantes y no impedían la concesión de la licencia, según Chavarría), «el acuerdo con el festival estipulaba que la zona iba a ser recuperada, las 42 parcelas que hay, tanto las pocas que se cultivan en la actualidad como la inmensa mayoría que no se cultiva desde hace años».