Política

El tripartito valenciano aprueba el decreto que permite intervenir en la venta de pisos con reticencias del PSPV

Los socialistas insisten en que es una norma «mejorable» y que su convicción «llega hasta donde llega», pero son «leales» al pacto de Gobierno

Rubén Martínez Dalmau, durante la exposición del decreto este miércoles CORTS VALENCIANES/INMA CABALLER

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PSPV, Compromís y Podemos han dado luz verde este miércoles en las Cortes Valencianas al decreto de ampliación de vivienda pública mediante los derechos de tanteo y retracto. El texto, que ha contado con el voto en contra de la oposición en bloque (PP, Ciudadanos y Vox), tenía que ser convalidado en el Parlamento autonómico pese a las reticencias de los socialistas , que eran partidarios de replantear alguno de sus artículos, como informó ABC .

Su intención, en este sentido, era que se tramitara como proyecto de ley para que pudieran debatirse enmiendas, algo que finalmente -y como parecía previsible- no ha tenido lugar al negarse los morados a ello.

El decreto, impulsado por Podemos y aprobado a comienzos de junio por el Consell, establece que la Generalitat podrá ejercer preferentemente el derecho de compra a la hora de adquirir viviendas transmitidas en ejecución hipotecaria o mediante dación en pago. También que podrá intervenir en grandes operaciones inmobiliarias para quedarse edificios enteros.

El vicepresidente segundo del Ejecutivo valenciano, Rubén Martínez Dalmau, ha reivindicado la importancia de la norma durante su presentación en la Cámara porque ésta «nunca se había hecho antes» en la Comunidad y replica a la de autonomías como Euskadi y Baleares y a la de otros países.

Durante su intervención, ha aclarado que todas las herencias y donaciones de viviendas de padres a hijos están «totalmente excluidas» del tanteo y retracto. «No habrá posibilidad de que la Generalitat asuma la titularidad cuando un padre done a su hija la casa donde ha vivido para que se emancipe», ha recalcado.

«El Botànic tiene claras sus prioridades. No podemos renunciar a este imperativo social, un derecho recogido en la Constitución y en el Estatut d'Autonomia», ha aseverado, para criticar la «virulencia de las críticas de la derecha, por desconocimiento o por afán de oportunismo». Ademas, ha recordado otras normas valencianas de adquisición preferente como la ley de patrimonio de 1998 o la de espacios protegidos de cuatro años antes, y ha retado a la oposición a «posicionarse al lado de los valencianos o de los poderes económicos».

Aunque ha querido destacar la reciente compra de 218 viviendas gracias al mecanismo de tanteo y retracto, no ha dicho que ésta haya sido posible por el nuevo decreto , como sí aseguró en la presentación de la medida la semana pasada . pese a que la operación se realizó aplicando una ley del PP.

Lealtad forzada de los socialistas

Desde el PSPV, su portavoz, Manolo Mata, ha evidenciado la resistencia con la que hoy aprobaban el texto. Pese a que, en su opinión, está realizado «con toda la buena fe», ha hecho hincapié una vez más en que «es mejorable». «Este decreto no inventa la pólvora», ha afirmado, para sacar pecho de la ley de Función Pública de la Vivienda impulsada por la exconsellera socialista María José Salvador y una «de las más importantes que se han aprobado en el Parlamento».

«Esta mañana Pilar Lima (líder de Podemos en la Comunidad Valenciana) ha hecho sugerencias a una ley planteada por la vicepresidenta Mónica Oltra y ha pedido que nos quitemos el carnet de partido. No podemos pensar que el decreto de Vivienda no es mejorable por la vía que sea , sea por ley de acompañamiento o por refundición de otras leyes», ha comentado.

Varios diputados del grupo parlamentario popular, este miércoles en las Cortes Valencianas EFE

Mata ha expuesto que en el texto habría de constar, por ejemplo, que las viviendas no tienen otras deudas. «Los fondos buitre son mucho más listos que nosotros. Ya no compran viviendas, compran hipotecas, que ahora mismo son todas litigiosas. Si pudiéramos averiguar que un fondo buitre ha comprado una hipoteca de 300.000 euros por 5.000, pero la persona que tiene esa deuda no tiene 5.000 euros y la Generalitat lo favoreciera, estaríamos avanzando», ha indicado.

«Cuando aprobamos aquí una ley, miles de despachos de abogados de los fondos buitre están pensando cómo la sortean. Igual nos encontramos con que todos los promotores se autotantean entre sí a partir de este momento», ha apuntado, para añadir que no entiende «por qué no se han incluido los edificios en ruina o los solares» y que «no se pueden penalizar las donaciones a título gratuito» .

Previamente, en declaraciones a los medios, el portavoz del PSPV ha señalado que su capacidad de convicción sobre el decreto «llega hasta donde llega», pero que son «leales» con una norma planteada por uno de los socios de Gobierno. Pese a todo, ha zanjado en su parte final de la intervención en el hemiciclo, «el mejor decreto ley de este Consell es que no gobierne el PP».

«Dalmau se cree Robin Hood»

Entre la oposición, el diputado popular Alfredo Castelló ha defendido que sería posible tramitar el texto como proyecto de ley para introducir modificaciones sin «paralizar nada», ya que lo ve inconstitucional . Es, ha afirmado, «una chapuza en forma y fondo, mal redactado y con vacíos legales», además de «una oportunidad perdida». Así, se ha preguntado si «va contra los fondos buitre o contra las personas»: «Dalmau se cree Robin Hood, pero es más bien Pepe Botella» , ha ilustrado el parlamentario, puesto que se trata de una norma «llena de agujeros y que no exige como en Barcelona que las viviendas estén vacías para adquirirlas».

Desde Ciudadanos, Mamen Peris ha urgido al tripartito a «volver al sentido común tras este decretazo mordaza y sectario», a «leer bien la Constitución» y a «dejar de politizar la vivienda». «Ni es valiente ni va a ser histórico: solo habla de cómo Podemos quiere gestionarlas», ha advertido.

Por último, desde Vox, José María Llanos lo ha tachado de «panfleto comunista» con el que cree que la Generalitat quiere «quedarse con el esfuerzo de generaciones» y «usurpar vivienda», por lo que también ha avisado, como el PP, de que lo recurrirá.

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