El PSPV, partidario de replantear el decreto de Podemos que permite intervenir en la venta de edificios

El Gobierno valenciano dio luz verde a comienzos de junio al decreto ley que permite a la Generalitat intervenir en la venta de edificios. Una norma que parte de la Conselleria que dirige el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, Rubén Martínez Dalmau (Podemos), y en la cual se establece la ampliación de vivienda pública en la Comunidad Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto.

Aunque el texto ya ha pasado el filtro del pleno del Consell, su convalidación ha de llegar previsiblemente a las Cortes en una sesión extraordinaria del 15 de julio. Y es aquí donde el PSPV quiere replantear parte de un redactado que considera mejorable , según admiten fuentes del partido. El departamento de Vivienda ha optado por una regulación a golpe de decreto ley, un mecanismo contemplado como excepcional del que los Gobiernos pueden hacer uso cuando se trata de un asunto de urgente necesidad.

Esta tramitación se salta varios pasos en comparación con una ordinaria, como por ejemplo que exista debate en el Parlamento y presentación de enmiendas o que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) pueda emitir un informe al respecto. Es por ello que los socialistas se muestran partidarios de que se tramite mediante proyecto de ley , lo que sí permitiría la elaboración de enmiendas y, por tanto, la posibilidad de negociar entre los grupos la norma definitiva. Algo que, además, ha reclamado desde el principio la oposición.

El artículo conflictivo para el PSPV es el número 10. Aunque el derecho de tanteo y retracto de la Administración ya se encontraba regulado para las viviendas públicas en una norma del PP de 2004, en la nueva se establece que la Generalitat podrá ejercer preferentemente el derecho de compra a la hora de adquirir viviendas transmitidas en ejecución hipotecaria o mediante dación en pago. Y, lo más importante, podrá intervenir en grandes operaciones inmobiliarias para quedarse edificios enteros . Una medida con la que, justificó Dalmau, pretenden evitar «las grandes ventas de edificios y paquetes a los fondos buitre». Sin embargo, los socialistas creen que no se especifica con concreción qué son los grandes tenedores ni los fondos buitre y vaticinan que podría acabar anulado por el Tribunal Constitucional . «La solución es mejorable», insisten.

Esta parte del decreto ha generado un fuerte rechazo entre los promotores inmobiliarios, pero también entre los notarios al interpretar que supondría intervencionismo en el mercado. Y desde el PSPV comparten algunos de los posicionamientos de, especialmente, este último colectivo, que se ha reunido durante las últimas semanas con varios grupos parlamentarios ante los temores que genera la norma.

Encuentros que se han mantenido también con la oposición, que ha mostrado su total rechazo. Desde Ciudadanos, cuyo acercamiento al PSPV está convirtiendo en cada vez más asiduos los contactos entre su portavoz, Toni Cantó, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, han trasladado su oposición al texto .

Si las negociaciones entre los socialistas y sus socios de Podemos llegan a buen puerto se podrá comprobar a partir del 15 de julio, cuando decidan acerca de la tramitación o no como proyecto de ley para poder introducir matices a través de enmiendas.