OPERACIÓN TAULA
La trama criminal de Valencia cobró comisiones del 3% y blanqueó con lotería y 50.000 euros en donativos
El juez deja en libertad bajo fianza a los cuatro principales implicados y la Guardia Civil cita a declarar a 50 militantes de Valencia
La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad del Crimen Organizado (UCO) creen que la «organización criminal» infiltrada desde hace quince años en las Administraciones públicas valencianas contribuyó a la financiación irregular del PP a través del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos y obras públicas.
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia completó ayer la toma de declaraciones a los veinticuatro detenidos por su relación con la trama, entre ellos el expresidente de la Diputación y del PP en la provincia de Valencia, Alfonso Rus; sus exvicepresidentes Máximo Caturla y Juan José Medina, y su exjefe de gabinete Fernando Llopis . Todos quedaron el libertad provisional con cargos.
Según el TSJCV, «el juez no aprecia riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas en los cuatro ex altos cargos arrestados por amaño de contratos», aunque como medida cautelar ha acordado para los cuatro la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado.
Además, el juez ha fijado fianzas de dos millones de euros para el expresidente de la Diputación, Alfonso Rus, y para su exvicepresidente, Maximo Caturla. Mientras que Juan José Medina debe abonar un millón.
Aunque los primeros contratos en los que se han detectado indicios de delito datan de hace tres lustros, conforme avanzó ABC, una de las vías de investigación de la primera fase del operativo se centra en la última campaña electoral de las municipales en Valencia. La Unidad de Crimen Organizado y la Fiscalía Anticorrupción apuntan a que concejales, asesores y militantes del PP aportaron dinero para la campaña del pasado mes de mayo, cuando Rita Barberá encabezaba la candidatura. Posteriormente, el grupo municipal les devolvía en sobres el dinero para blanquear el capital que les habrían aportado las empresas que abonaban comisiones a cambio de obras públicas .
La exalcaldesa de Valencia y actual senadora está en el punto de mira de los investigadores , que sostienen que por su condición de aforada ha quedado inicialmente al margen del caso, ya que de lo contrario debería elevarse al Tribunal Supremo.
Los donativos para su campaña eran recogidos por la ya exsecretaria del grupo municipal, Carmen García Fuster , detenida en la operación por presunto blanqueo de capitales. Mujer de confianza de Barberá, ayer fue puesta en libertad provisional por el juez que instruye el caso, en contra del criterio del fiscal, que reclamaba su ingreso en prisión. El magistrado le impuso una fianza pecunaria de 150.000 euros y el grupo popular acordó su cese tras un periplo de veinticinco años. Al respecto, la portavoz adjunta del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María Angels Ramón-Llin (que en el pleno de ayer relevó al presidente del PP en la ciudad, Alfonso Novo, quien figura entre los investigados en la «operación Taula»), admitió la aportación de mil euros que los concejales hicieron durante la campaña al partido, aunque aseguró que no le consta que ese dinero se les devolviera.
La Fiscalía y la UCO, en cambio, creen que a través de este método se blanquearon al menos 50.000 euros y tienen previsto interrogar a medio centenar de ediles y afiliados del Partido Popular. Los investigadores sospechan de la posible financiación ilegal tras escuchar las conversaciones grabadas por el exgerente de la empresa Imelsa Marcos Benavent, que se sitúa en el origen del caso, con distintas personas, entre ellas varios cargos públicos del Partido Popular.
Comisiones por obras
Según la investigación, los integrantes de la trama infiltrada en la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia se servían de sus puestos de responsabilidad y de su potestad en materia de contratación para «percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas». Lo que tratan de determinar los investigadores, a partir de esos indicios, es si parte de ese dinero fue a parar a las arcas del Partido Popular.
En este sentido, otra de las vías de investigación se centra en Ciegsa, la empresa pública dependiente de la Generalitat encargada de construir colegios públicos. Los investigadores creen que Máximo Caturla y Juan José Medina (ambos exvicepresidentes de la Diputación) cobraron comisiones a cambio de la adjudicación de obras. Los agentes y la Fiscalía apuntan a un 3 por ciento de mordida, que en parte se destinaba a la financiación de las campañas del PP. Caturla fue durante años secretario autonómico de Educación y Medina responsable de organización del partido en la provincia de Valencia. Ambos eran personas de la más estricta confianza de Alfonso Rus .
El cobro de comisiones se habría reproducido en concursos para la rehabilitación de carreteras (entre los detenidos se halla el presidente de la constructora Luján) o de equipamientos culturales como el de «La Rambleta» en Valencia. José Alfonso Vedri, dueño de la firma que construyó el complejo en la ciudad de Valencia también fue apresado el pasado martes. La entonces concejal de Cultura, María José Alcón , quedó en libertad bajo fianza de 150.000 euros.
Otra de las vías de blanqueo de capitales que se investiga se centra en la compra de grandes cantidades de lotería por parte de los exaltos cargos de la Diputación. El propio Rus resultó agraciado con 625.000 euros en el sorteo de Navidad de 2011.
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