OPERACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN EN VALENCIA
Marcos Benavent: «Supongo que saldrán más cosas; el tiempo dirá»
El exgerente de Imelsa, imputado en la trama corrupta, declara ante la Guardia Civil
Marcos Benavent , el exgerente de la empresa pública Imelsa que ha dado origente a la «operación Taula» , ha sido citado por la Unidad del Crimen Organizado para prestar declaración en la Comandancia de la Guardia Civil en el barrio valenciano de Patraix. Las grabaciones en las que Benavent figura hablando con dirigentes del PP sobre el cobro de comisiones han resultado claves para investigar la causa que se sigue contra 29 personas por un presunto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana.
Benavent está imputado, pero no fue arrestado la pasada semana. La investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa, dependiente de Diputación, cuyo director gerente era él.
Este lunes ha reiterado estar «arrepentido» por su actuación durante esta etapa. Preguntado por si saldrá alguien más imputado en la causa, ha afirmado: «supongo que sí. El tiempo dirá» .
Así lo ha indicado en declaraciones a los medios antes de entrar en las dependencias de la Guardia Civil, a las que ha ido acompañado de su abogado, según ha dicho, a «colaborar con la Justicia».
Durante esta jornada siguen prestando declaración personas relacionadas con el grupo del PP para hablar en torno a supuestas aportaciones dinerarias realizadas al partido.
Benavent, que presenta el pelo y la barba larga y completamente blanca, ha admitido que está viviendo «con expectación» estos momentos aunque no hay «motivos de alegría con la situación que se está dando».
Asimismo, interpelado por si tiene miedo, ha manifestado que no se debe «vivir con miedo» y, al ser preguntado por la exalcaldesa de Valencia y el expresidente de la Diputación Alfonso Rus, ha rechazado «hablar de los demás». Sobre si queda algo más por salir, ha dicho que será algo que verá la Fiscalía .
Benavent ha estado colaborando con Fiscalía Anticorrupción y el juzgado que instruye el caso. Ya el pasado mes de mayo se describió como un «yonqui del dinero» que se había llevado «de todo» durante su etapa en la Diputación de Valencia y avisó públicamente de que iba a salir «mierda a punta pala» en este procedimiento.
La semana pasada fueron detenidas 24 personas , entre las que se encuentran el ex presidente de la Diputación de Valencia, ex alcalde de Xàtiva y ex presidente del Partido Popular en la provincia de Valencia, Alfonso Rus ; el ex vicepresidente de la Corporación Provincial y ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla ; el ex vicepresidente de la Diputación y ex alcalde de Moncada, Juan José Medina ; el ex secretario autonómico de Deporte y ex diputado en las Cortes Valencianas, David Serra ; la ex concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón; el ex gerente de la Fundación Jaume II El Just y ex jefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicente Burgos ; el ex acalde de Genovés, Emilio Llopis; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster y Salvador Deusa Ibanco , ex jefe de sección de Evaluaciación y Planificación de la Diputación de Valencia. Además, fueron arrestados 12 empresarios, como supuestos cohechadores, dos arquitectos y un ex trabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de confianza del grupo popular).
Para cinco de ellos, (R us, Caturla, LLopis, Medina y García Fuster ) el fiscal solicitó prisión, petición que fue denegada por el magistrado instructor por entender que no concurrían los dos motivos que había esgrimido el Ministerio Público: riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. A los cuatro primeros, no obstante, el juez les impuso, como medida cautelar, la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado .
Todos los arrestados quedaron en libertad provisional . Mantienen su condición de investigados en esta causa en la que se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales
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