OPERACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN EN VALENCIA
El PP no suspenderá de militancia a los concejales imputados hasta que declaren ante el juez
Todo el grupo municipal en Valencia, salvo uno, declarará como investigado por blanqueo de capitales
El Partido Popular esperará a que declaren ante el juez los cerca de cincuenta concejales, exediles y asesores del partido que han sido imputados en la trama de blanqueo de capitales en el grupo municipal en el Ayuntamiento de Valencia. El único apartado de forma cautelar es el todavía presidente del PP local, Alfonso Novo.
Nueve de los diez actuales concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia, salvo el independiente Eusebio Monzó , tendrán que declarar como investigados ante el juzgado de instrucción número 18 de Valencia, que investiga el presunto cobro de comisiones y la supuesta financiación ilegal del PP. Además, entre los imputados figuran los miembros de la lista que no obtuvieron representación.
El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el "Caso Imelsa", ha citado al concejal del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, a un asesor del grupo municipal del PP en el Consistorio valenciano y a una tercera persona para tomarles declaración como investigados en la causa que se sigue contra 29 personas por un presunto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana.
Los tres deberán comparecer el próximo miércoles en la Ciudad de la Justicia de Valencia, como investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales. Las declaraciones darán comienzo a las 9.30.
En los próximos días, además, será citada como investigada una cuarta persona , que, al igual que el concejal Novo figura como autorizada para disponer de las cuentas de la Agrupación local del Partido Popular.
La investigación se centra en Imelsa (empresa vinculada a la Diputación de Valencia), la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital , Ciegsa (empresa creada por la Generalitat para la construcción de infraesturas educativas) y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Se investigan contratos desde el año 2003.
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