El juez solicita al fiscal que se pronuncie sobre la investigación del delito electoral del PP en una pieza separada

El juez encargado del caso Taula, Víctor Gómez , ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre la posibilidad de que la causa del presunto blanqueo en el grupo del PP en el Ayuntamiento de Valencia pueda ser instruida independientemente de la del delito electoral.

El pasado abril, el magistrado decidió ampliar la investigación a este delito, que trata de estructurar alrededor de dos elementos: la mecánica comisiva y el origen del supuesto dinero blanqueado. En el primero, intenta averiguar si bajo las aportaciones se ocultaba el afloramiento de un dinero en efectivo en poder de algún responsable del Grupo Popular como pudiera ser García-Fuster.

En el segundo, la investigación es más compleja por la naturaleza opaca de ese dinero . La última declaración de García-Fuster ante el juez fue clave en este sentido . En ella se negó a desvelar la procedencia de los ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros (los cuales coinciden con convocatorias electorales), así como la identidad de la persona (el recaudador) que le entregaba ese dinero.

Este silencio resultó «significativo» para el magistrado pese a que la presunta naturaleza delictiva de comisiones o mordidas en el ámbito de la Concejalía de Cultura que se investigan en la pieza principal del caso Imelsa «son muy anteriores en el tiempo».

Al no estar acreditado el origen delictivo del dinero supuestamente blanqueado –los indicios se encontrarían en la pieza principal de la causa– las declaraciones de García-Fuster permitieron introducir ese ilícito y conllevaron la ampliación de la investigación a posible delito electoral.

A ello se unió la denuncia interpuesta por Compromís ante la Fiscalía en este mismo sentido. El fiscal pidió su incorporación a la causa, pero el juez entiende que para ello ha de existir una «conexidad» entre los hechos que se instruyen en la causa del blanqueo y los que podrían ser constitutivos de delito electoral. Igualmente, ofrece a las defensas de los concejales y asesores efectuar alegaciones sobre si tienen relación.

Éstas justificarán que no es así al considerar que no existe contabilidad . Además, apuntan a la comunicación del Tribunal de Cuentas en la que avaló que no había obligación de fiscalizar la cuenta del PP al no estar relacionada con la del partido para elecciones, la cual supuestamente se utilizó para el blanqueo.