Política
El Gobierno valenciano pasa de asegurar que reclamaría el IVA a Hacienda a quitarle importancia
Bonig envía a Puig un requerimiento para que reclame formalmente los 281 millones y advierte sobre responsabilidad contable
«Lo pediremos por tierra mar y aire porque nos corresponde, porque es nuestro y porque lo necesitamos». Así respondía la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, hace poco más de dos semanas sobre la postura del Gobierno valenciano respecto a la devolución de la liquidación del IVA de 2017 que Hacienda no va a abonar a las autonomías.
Las palabras se unían a las que días anteriores habían salido de boca de fuentes del departamento que dirige Vicent Soler al ser preguntadas por este periódico: «Tenemos todo el derecho del mundo a pedirlo, no entendemos que no se vaya a abonar».
El primer arranque en las declaraciones se ha enfriado, y mucho, en las acciones y posicionamientos reales . Los 281 millones que el Ejecutivo central adeuda a la Comunidad Valenciana no van a solucionar, desde luego, el problema estructural de la infrafinanciación. Pero el discurso oficial de la Generalitat ha virado de otorlgarles importancia al ser una cantidad «que corresponde a los valencianos» a tratar de restársela .
Tanto Ximo Puig como Mónica Oltra remarcaban este fin de semana que lo clave era la exigencia de un cambio del sistema de financiación por encima del conflicto con el IVA . «Para nosotros», dijo el jefe del Consell, «es un hecho más» porque el pago del impuesto «no es la solución» a la situación económica valenciana.
Del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), se salió con el ofrecimiento a las comunidades a descontar del déficit autonómico de 2019 la liquidación del IVA y con la frexibilización en dos décimas del objetivo de déficit al 0,2 por ciento del PIB. Puig, en la misma línea, ha manifestado sentirse «relativamente satisfecho» con todas las decisiones. «El objetivo fundamental no es hablar de una mensualidad del IVA, sino que el problema que tienen los valencianos es una financiación justa», ha subrayado. Y ha querido reconocer que un «compromiso» del Gobierno de Pedro Sánchez «positivo» para la Comunidad es el aumento de la aportación del Estado para dependencia para que pase del 12% actual al 50% como marca la ley.
El CPFF, una «humillación»
La situación ha sido aprovechada por la oposición. La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha remitido este lunes un requerimiento al jefe del Consell para que el Gobierno autonómico apruebe en su seno reclamar formalmente al Gobierno el pago del IVA , ya que si no lo hace -según ha advertido- puede prescribir en enero de 2021 y, en ese escenario, podría incluso incurrir en responsabilidad contable .
La líder de los populares ha recordado que el pasado viernes envió el requerimiento al Consejo de Ministros para que «cese su inactividad material en el cumplimiento de sus obligaciones legales» y abone los 281 millones de euros, como paso previo a la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo.
En el documento enviado a Puig señala que los ingresos derivados de la liquidación del IVA, en la parte que la ley cede a la Generalitat, son derechos de esa hacienda pública y, como tales, «no se podrán enajenar, gravar, ni arrendar». Por ello, prosigue el PP, no está el Consell habilitado legalmente para condonar al Estado la mensualidad del IVA pendiente de 2017, que «no solo ha de ser satisfecha, sino que, además, debe ser reclamada».
Agrega que debe reclamarse «a la mayor brevedad» porque «la inacción por parte del Consell contribuye a que continúe el transcurso del plazo de prescripción», fijado con carácter general en cuatro años para las obligaciones de derecho público. Además, hace hincapié en que la Ley de Hacienda Pública incluye en su régimen sancionador el incumplimiento de las obligaciones legales, entre ellas la cobranza de las deudas pendientes para con la administración.
«Supongo que el presidente querrá defender los intereses de los valencianos», ha insistido la presidenta del PP valenciano, que ha lamentado que la solución dada por la ministra, María Jesús Montero, en el CPFF supone, parafraseando a la vicepresidenta Mónica Oltra, «cambiar derechos por deuda».
A su juicio, de esa reunión salió «un disparate» y una «humillación» al plantear un relajamiento del objetivo del déficit y un FLA a tipo cero, cuando en el seno de la comisión mixta Consell-Corts que tuvo lugar un día antes del CPFF se acordó solicitar un déficit asimétrico, el IVA pendiente y la reforma de la financiación. «Han incumplido los compromisos», ha denunciado Bonig.
