JpC trata de sabotear la mesa y exige hablar de autodeterminación

Es casi un tópico señalar que la política catalana no sale del bucle. El «procés» ha instalado unas dinámicas difíciles de romper, e incluso elementos nuevos, como el de la llamada mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, repiten los mismos esquemas. La citada mesa, concesión del Gobierno a ERC para favorecer su apoyo a la investidura, celebró su primera reunión en febrero, y las semanas previas no hubo otro tema encima de la mesa que el del «orden del día». Desde el independentismo, particularmente el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se insistió una y otra vez en que el guion del encuentro debía incluir el derecho de autodeterminación y la amnistía de los presos del 1-O.

Durante semanas se dio vueltas a lo mismo, hasta que se llegó al mínimo común de que la parte catalana tendría total libertad para poner sobre la mesa cualquier tema, mientras que por parte del Gobierno se respondería lo que se considerase oportuno.

Ahora, cuando el Gobierno trata de ablandar al secesionismo para que ayude en la aprobación de los Presupuestos -en este caso la oferta es para ERC, ya que JpC se da por imposible- el esquema se repite, no se sale del bucle, con el agravante de que el escenario preelectoral en Cataluña fuerza aún más las posturas ambas formaciones. Los más reticentes son JpC, que a la mesa no le ven ni utilidad ni perspectivas. La mesa no tiene «sentido si se puede hablar de todo menos de aquello que es lo que genera el conflicto político», afirmó ayer la portavoz del Govern, Meritxell Budó. El portavoz de JpC en el Senado, Josep Lluís Cleries, remachó la idea en el Senado. Su grupo no quiere «escenificaciones ni fotos» en una mesa de diálogo que «no puede ser una mesa de socorro al PSOE».

De hecho, para JpC, la mesa es un elemento distorsionador en un escenario que pasa primero por la inhabilitación de Torra y luego elecciones. Qué hará Torra una vez el TS falle es el debate ahora. La CUP aboga porque Torra mantenga las funciones representativas e institucionales de presidente, pero no tenga potestad legal ni administrativa. Una presidencia simbólica que ERC no ven con buenos ojos y que, en todo caso, Torra adoptaría sin contar con el consenso de ERC.