Drets se querella contra los magistrados del TC que votaron a favor de la ley orgánica del Alto Tribunal
En la asociación querellante están el abogado de Homs, el consejero de Justicia y un diputado autonómico de la CUP
La entidad que defiende la independencia de Cataluña en el ámbito de la abogacía, Drets, ha presentado una querella en el Tribunal Supremo (TS) contra los ocho magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que validaron la reforma de esta institución que la dota de capacidad para suspender cautelarmente a cargos públicos para obligarles a obedecer sentencias.
La querella va dirigida contra el expresidente Francisco Pérez de los Cobos y también contra los magistrados Juan José González Rivas (actual presidente), Encarnación Roca (actual vicepresidenta), Santiago Martínez-Vares, Pedro Trevijano, Ricardo Enríquez y Antonio Narváez.
La asociación querellante está encabezada, entre otros abogados, por Sergi Blázquez, letrado defensor del exdiputado y exconsejero de la Generalitat Francesc Homs, a quien inhabilitó el TS para ejercer un cargo público durante trece meses por desobedecer una sentencia del TC sobre la prohibición de realizar la consulta del 9 de noviembre de 2014.
"Blindaron la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional para dotarle de capacidad ejecutiva aún sabiendo que vulneraba las garantías del Estado de derecho", explica la nota de prensa que Drets ha realizado, informa Efe.
No está admitida a trámite
Fuentes del TS han explicado a Efe que ahora el alto tribunal debe decidir si existe o no delito y si, en caso de que existiera, hay indicios contra las personas inculpadas. Para ello, la Sala de lo Penal del TS debería preguntar, en principio, al fiscal, sobre el asunto, aunque podría también inadmitir a trámite la querella, directamente.
La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional fue reformada en el Congreso la pasada legislatura (con mayoría absoluta del PP) para dotar a este tribunal de instrumentos que le permitieran obligar al cumplimiento de sus sentencias, entre para otros asuntos, para el desafío secesionista planteado por los nacionalistas en Cataluña.
De esta manera, el TC puede imponer sanciones económicas cautelares de cierta entidad y también suspender provisionalmente a a altos cargos que incumplan sus fallos.
Esta reforma fue recurrida por los gobiernos autonómicos del País Vascio y de Cataluña, que validó el texto de la norma en una sentencia aprobada por la mayoría de sus miembros, concretamente con el voto a favor de los querellados en el texto entregado hoy al TS.
Entre los miembros de este colectivo, además del ya citado abogado Blázquez, están el consejero de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Carles Mundó, y el diputado de la CUP en el Parlamento autonómico Benet Salellas .
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