La Generalitat informa al juzgado de que no podrá devolver los bienes de Sijena el 25 de julio
El conseller Vila escribe una carta a la juez en la que alega que antes de retornar las piezas hay que descatalogarlas
A la espera de ver cómo evoluciona el desarrollo procesal de la causa sobre las pinturas murales tras el más que probable recurso del Gobierno catalán, el conseller de Cultura, Santi Vila se centró ayer en el otro frente abierto, el de los 97 objetos del monasterio de Sijena que Cataluña debe devolver antes del 25 de julio, para informar al juzgado de que es «inasumible» entregar los bienes en la fecha señalada en la sentencia.
Días atrás, Vila ya aseguró que antes de efectuar la devolución había que reunir a la Junta de Museos de Cataluña para informarle sobre la ejecución de la sentencia y, más complejo aún, había que cumplir con otro trámite: la incoación de un expediente por el Departamento de Economía para que todos estos bienes sean desafectados desde el punto de vista patrimonial.
De momento, la junta ya se ha convocado para el próximo 13 de julio, pero el segundo paso, el de la descatalogación, llevará más tiempo, por lo que el conseller escribió ayer una carta al juzgado oscense para informarle de que para dar cumplimimiento a la sentencia primero hay que cumplir la normativa catalana.
Asimismo, en su escrito Vila también explica a la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca que, por los mismos motivos, no es posible presentar al Gobierno aragonés antes del 20 de julio un informe del plan previsto para el traslado de las 97 piezas del monasterio, cuya venta fue declarada nula por el tribunal. La intención de Vila de devolver las piezas, aunque sea fuera de plazo, causó ayer cierto estupor en la Plataforma de Entidades Culturales de Lleida, que considera que la sentencia «invade el ámbito competencial catalán». La asociación pidió al Gobierno catalán actuar en consecuencia y atendiendo a la ley de patrimonio catalana «que insta a la preservación de la unidad de los museos, en ningún caso se producirá el retorno de ninguna obra o traslado autorizado por la Generalitat».
Acuerdo insólito
El conflicto por los bienes de Sijena y las pinturas románicas ha propiciado también una escena prácticamente inédita en esta legislatura: poner de acuerdo a casi todos los grupos parlamentarios catalanes. Y es que sólo Ciudadanos (C’s) rehusó sumarse a la petición de Junts Pel Sí, PSC, Catalunya Sí Que Es Pot, PPC y la CUP para que las obras de arte procedentes del monasterio de Sijena puedan quedarse en Cataluña. Se trata de una propuesta de resolución parlamentaria que insta al Gobierno catalán a llevar a cabo «todas las acciones que hagan falta», de acuerdo con las competencias previstas en el Estatut, la ley de museos y la ley de patrimonio cultural catalán, para garantizar que las obras de arte procedentes del Monasterio de Sijena que se conservan en el MNAC y en el Museo de Lleida «permanezcan en estos museos de manera que continúen formando parte de las colecciones inscritas dentro del catálogo de patrimonio cultural catalán».
La propuesta, presentada el pasado 23 de junio, fue admitida a trámite anteayer por la Mesa del Parlament por el procedimiento de urgencia, para que se vote en el pleno de la semana que viene, justo cuando se cumplirá una semana del fallo del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Huesca que insta al MNAC a devolver las pinturas románicasde la sala capitular del Monasterio de Sijena a su lugar de origen.
La iniciativa lleva la firma de Teresa Vallverdú (Junts pel Sí), Rafel Bruguera (PSC), Gemma Lienas (Catalunya Sí que es Pot), Marisa Xandri (PPC) y Mireia Boya (CUP) y, en la exposición de motivos, los firmantes argumentan que «las diversas colecciones museográficas cuya propiedad legal se cuestiona desde diferentes instancias de la comunidad de Aragón son bienes adquiridos legítimamente de acuerdo con las recomendaciones de los organismos museísticos internacionales, ya sea mediante compra o depósito de sus titulares, y ninguna sentencia firme lo ha cuestionado».
Estas obras, añaden, «forman parte de colecciones indivisibles, de manera que su división supondría una enorme pérdida para el conjunto». «Es deber de cualquier gobierno conservar el patrimonio cultural de su país», concluyen.
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