La Fiscalía pide cuatro años y medio de prisión para un concejal de Hospitalet por estafar al Consell Esportiu
El Ministerio público acusa a Cristian Alcázar (PSC) de simular el despido de Cristóbal Plaza, hasta entonces director técnico administrativo de la entidad
La Fiscalía pide cuatro años y medio de prisión para el segundo teniente de alcalde de Hospitalet de Llobregat, Cristian Alcázar , y para el exconcejal del PSC Cristóbal Plaza , por un delito de estafa y otro contra la Seguridad Social por simular el despido de este último cuando ejercía como directivo del Consell Esportiu de esta localidad barcelonesa y por el que cobró más de 47.000 euros.
Este caso forma parte de una pieza separada de la causa por malversación de fondos en el Consell Esportiu , una entidad privada sin ánimo de lucro, por la que están siendo investigados varios altos cargos del consistorio socialista: entre ellos la alcaldesa, Nuria Marín. El ayuntamiento, personado como acusación, no lo es, sin embargo, en esta pieza.
En su escrito, el Ministerio público sostiene que Alcázar y Plaza se pusieron de acuerdo para fingir el despido, con el fin de que el segundo obtuviera un «indebido beneficio económico» con la excusa de poner fin a la relación laboral que le unía con el Consell, donde era director técnico administrativo.
Dos semanas después firmaron el acuerdo de despido, en que se pactaba una indemnización de 47.147,62 euros para Plaza , y el fiscal afirma que tanto el acuerdo como el pago de la indemnización se hicieron a espaldas del Ayuntamiento y del Consell Esportiu «con la intención de mantener una situación de normalidad».
La Fiscalía asegura que «la realidad era radicalmente opuesta» a lo que documentaron los acusados y que no había causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que justificaran dicho cese, porque la situación económica del Consell no era negativa sino que tenía una previsión positiva para el año siguiente.
Además, el Ministerio público recuerda que a Alcázar lo sustituyó en el puesto el actual director del Consell Esportiu, Eduard Galí y así cuestiona que el exdirectivo hiciera en sus últimos días en el cargo «hasta cuatro actos de despedida, circunstancias que parecen compadecerse mal con una situación de despido».
También recuerda que Plaza, después de este despido, fue nombrado vocal de la junta directiva del Consell en marzo de 2019 y presidente del Consell en 2019, además de ser concejal también desde 2019.
La Fiscalía ve una «alteración consciente de la realidad» que permitió a Plaza cobrar el paro hasta su siguiente empleo, con 6.500 euros, y la acusación pide que lo devuelva. También que ambos indemnicen conjuntamente al Consell Esportiu por los más de 47.000 euros de la indemnización por el despido.
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