El Procurador del Común relaciona la mortalidad en las residencias y la limitación de traslados a los hospitales

Tomás Quintana sostiene que estos centros asumieron unas tareas para los que no estaban preparados por falta de medios y personal

Quintana, este martes en su intervención en el Pleno de las Cortes F. HERAS

ABC

El Procurador del Común, Tomás Quintana, ha asegurado este lunes que al inicio de la pandemia del Covid-19 se llegaron a limitar las derivaciones de pacientes desde los centros residenciales de mayores a los hospitales debido al «colapso» del sistema, lo que provocó que asumieran «unas tareas para las que seguramente no estaban preparadas por falta de personal y de medios de protección».

Quintana, que ha presentado ante el pleno de las Cortes el informe del año 2020, ha expuesto que esta situación explica, junto con otras causas, evidentemente, la morbilidad, mortalidad y letalidad de los primeros meses de pandemia en las residencias, así como también la «acusada» prevalencia de la enfermedad entre los trabajadores, informa Ical.

«Como sociedad, tenemos el deber de hacer todo lo posible para contribuir no solo a que no se repitan los episodios de sufrimiento y muerte en las residencias de mayores que hemos conocido, sino a mejorar las condiciones de vida de los más mayores en condiciones de normalidad, es decir, una vez superada la crisis sanitaria», ha afirmado el procurador del Común.

Por ello, Quintana ha recordado que fueron varias las resoluciones enviadas a la Consejería de Sanidad y a la de Familia e Igualdad de Oportunidades fruto de las quejas que recibieron y de las actuaciones de oficio emprendidas , en las que ha señalado proponían diferentes actuaciones y estrategias sociales y sanitarias con el objetivo de «minimizar» el impacto y de intentar mejorar la gestión de la crisis en los centros residenciales.

Además, el Procurador del Común ha apuntado que en noviembre de 2020 se manifestó en otra resolución a favor de un cambio del modelo residencial, «centrado en las personas» y ha propuesto una batería de medidas para mejorar la asistencia social y sanitaria de los residentes, su calidad de vida y garantizar la protección de sus derechos en un ambiente respetuoso con los principios éticos fundamentales.

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