Las residencias tendrán evaluación y nota para que los mayores puedan elegir

Cuando la pandemia comenzó, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades daba los primeros pasos para diseñar una ley de atención residencial con la que desarrollar un modelo en el que los cuidados asistenciales se supeditarían a los deseos, expectativas y bienestar emocional de las personas, con la modernidad y la innovación como guía de los servicios. Pero después de que el Covid-19 se cebase con los centros residenciales , especialmente durante la primera ola, y dejase un reguero de muerte y dolor, el diseño de esta norma, aún manteniendo su filosofía, se ha centrado especialmente en garantizar que ante una crisis sanitaria como la actual, se va a contar con todo lo necesario, tanto en medios como en planes y organización, para hacerla frente. Y con la calidad como requisito ineludible.

Arranca así una norma cuyo primer borrador está ya en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta , donde podrá recibir comentarios, críticas o sugerencias. Es la primera de estas características que se elabora en España hasta el punto de que desde el Ministerio no se oculta que puede servir de guía para otras autonomías e, incluso, para la propia Administración central.

Con el primer texto sobre la mesa, la consejera de Familia, Isabel Blanco, presentó una iniciativa que «garantiza la protección de los más vulnerables desde el reconocimiento a su dignidad, apuesta por una política social más moderna y se anticipa a las necesidades y demandas del futuro». No ocultó, sin embargo, que la pandemia ha propiciado que cuestiones que hasta marzo de 2020 no se consideraban esenciales, ahora sean obligatorias. Es el caso, por ejemplo, de la exigencia de que cada centro elabore planes de contingencia para hacer frente a una crisis sanitaria , que disponga de los suficientes equipos de protección acordes al número de usuarios y profesionales y que se pueda hacer una compartimentación de las instalaciones por si fuera necesario aislar a parte de los residentes. Pero, sobre todo, el proyecto de ley, que la Junta aprobará a finales de año, hace especial hincapié en los estándares de calidad de los centros, de forma que anualmente se elaborará un informe de evaluación para que los futuros usuarios puedan elegir con garantías el centro al que quieren acudir. Serán notas determinantes para que las residencias de titularidad privada puedan acceder a la concertación con la administración. Para ello, se tendrán en cuenta los resultados en la calidad de vida de sus usuarios y la contribución de los apoyos profesionales y los servicios prestados. El procedimiento dará lugar a una categorización de los centros, establecida a partir de parámetros objetivos, que se medirán de forma continua.

Este proceso de evaluación de la calidad se complementará con el realizado por el servicio de Inspección , apoyado con un sistema de información que le reportará información a distancia y en tiempo real de los requisitos de obligado cumplimiento en materia de ratios de personal y cualificaciones y organización de los servicios. Queda pendiente la fijación de los ratios que se determinarán en el posterior desarrollo de la ley conforme a los acuerdos del Consejo Territorial de Dependencia.

El texto también deja claro, en su artículo 34, que «la atención sanitaria será responsabilidad del sistema sanitario público que garantizará el mismo nivel de acceso a la cartera de servicios que al resto de la población». De esta forma, se interpreta que e n ningún caso las residencias se pueden considerar hospitales , como se pretendió en la primera ola de la pandemia.

Unos centros que, en un futuro, seguirán el modelo de las unidades de convivencia (ya hay 168 en la Comunidad y otras 32 en desarrollo) que deberán incluirse en los centro s de nueva construcción, mientras que para el resto se dará un plazo de adaptación. La ley incorpora, además, aspectos como la prohibición expresa de usar sujeciones.