Las organizaciones agrarias acusan al Gobierno de condenar a la ganadería a su extinción al blindar al lobo
UCCL critica la «imposición del ecologismo radical» del Ministerio y Coag pide que las Cortes que declaren persona 'Non Grata' a Teresa Ribera
La publicación en el BOE de la inclusión del lobo en el Listado de Especies Protegidas (LESPRE) ha caído como un jarro de agua fría sobre los ganaderos y sus organizaciones representativas. Las organizaciones ASAJA, COAG y UPA han rechazado esta medida pues consideran que es ajena a los intereses de la ganadería y del medio rural.
«La protección del lobo es una medida tomada desde los despachos y no desde los pueblos. Cualquiera que viva en el medio rural y conviva con el lobo sabe que la mejor gestión no es la total protección», han señalado las citadas organizaciones agrarias en un comunicado conjunto. El malestar con el Ministerio para la Transición Ecológica es grande, pues consideran que se ha tomado una medida «tendenciosa e ideológica» basada en una falsedad como que el lobo está amenazado en España, cuando no es así.
Además, han acusado a la ministra Teresa Ribera y a su equipo de «falta de palabra» pues se comprometieron a negociar el protocolo de gestión de la especie antes de tomar esta medida de incluir al lobo en el LESPRE. Por todo ello piden la dimisión de la ministra de Transición Ecológica .
Por su parte, COAG Castilla y León ha anunciado que va a presentar a los grupos parlamentarios de las Cortes una propuesta para que la ministra Teresa Ribera sea declarada persona 'Non Grata' , por su decisión sin negociar de «sobreproteger» al lobo en perjuicio de la economía de la Comunidad y el desarrollo de las zonas rurales más deprimidas.
También la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha criticado la «imposición del ecologismo radical» del Ministerio.
4.500 ataques de lobos en 2020
La organización agraria recuerda que en el año 2020, en Castilla y León se registraron 4.500 ataques de lobos que ocasionaron la muerte a 6.000 cabezas de ganado, sin contar los animales heridos o desaparecidos, ni los abortos que se producen a consecuencia del estrés a los que son sometidos los animales tras un ataque. Las perdidas de los ganaderos de Castilla y León se pueden estimar en más de 5 millones de euros todos los años y las Administración tan solo compensa el 20 por ciento de los daños, recuerdan desde la organización profesional agraria.
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