Quiñones asume que la protección del lobo acabará en los tribunales

Aunque lo han intentado por carta, en persona y por videoconferencia, no han conseguido las comunidades autónomas con importantes poblaciones de lobo negociar con el Gobierno su decisión de incluir al cánido en el listado de especies protegidas al norte del Duero, donde ahora se somete a control cinegético. Ya el martes la titular de ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera , advirtió de que seguiría hacia adelante y tras ello, Cantabria, Galicia, Asturias y Castilla y León mantuvieron una reunión de urgencia para abordar el plan de contraataque, que parte de presentar un plan «alternativo». Eso sí. No tienen, muchas esperanzas de que vaya a «valer de nada».

Así lo apuntó ayer el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien apuntaba que la ministra estaba «muy determinada» en seguir adelante y que «desde el principio» ha sido así. «Primero fue la decisión y luego la ha revestido». En este contexto, asume que el asunto se acabará resolviendo en los tribunales, a los que las cuatro autonomías no dudarán en acudir «porque estamos luchando por nuestro territorios».

Antes de llegar allí, le darán la oportunidad administrativa, elaborando «un texto alternativo de lo que entendemos que hay que modificar y de dónde hay que partir, la estrategia nacional de conservación del lobo de 2005». Junto a ello se presentará un censo actualizado de la presencia de los ejemplares en el territorio . Con ello sobre la mesa, «pediremos una conferencia sectorial extraordinaria para que el Gobierno y las comunidades se pronuncien». Si finalmente se dicta la orden par el cambio de estatus del lobo y su inclusión en el listado de especies protegidas, «la vamos a recurrir», señaló Quiñones, quien apuntó a un «daño a la ganadería extensiva y al medio rural sin justificación alguna de conservación, sino ideológica y cultural», concluyó.