Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria llevarán al Gobierno a los tribunales si declara al lobo no cazable

I. Jimeno

06/02/2021
Actualizado a las 10:07h.

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Advirtieron de que darían «batalla», y lo harán. En los tribunales están dispuestos a verse contra el Gobierno central si el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hace suyo el polémico acuerdo de incluir al lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial y que supondrá eliminar al cánido de las especies cinegéticas . Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, la «casa» en la que habitan el 95 por ciento de los ejemplares de la Península, no están dispuestas a que desde fuera les «impongan» cómo gest ionar a uno de sus moradores. Así que si el departamento que dirige la ministra Teresa Ribera da un paso más y prohibe la caza del canis lupus, estas cuatro autonomías de distinto signo político -con gobiernos de PP en coalición con Ciudadanos, PP en solitario, PSOE y Partido Regionalista Cántabro) acudirán a los tribunales de justicia «ejercitando las acciones judiciales de todo tipo que procedan con la intención de frenar esta iniciativa» .

Así lo acordaron este viernes el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y sus colegas de las otras tres comunidades loberas afectadas y que votaron en contra en esa cuestionada sesión de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad del jueves. «Está en juego la supervivencia del medio rural, que no pervivirá sin el sector ganadero» , advierten en un nuevo comunicado conjunto tras una reunión por videoconferencia.

Expresan también su «perplejidad» al comprobar que la iniciativa de impedir la caza del lobo parta de la también vicepresidenta cuarta del Gobierno, al frente de un ministerio «que en su nombre está el reto demográfico». Y es que, alertan, la normativa comunitaria permite la gestión del lobo con normas cinegéticas al norte del Duero -al sur no se puede cazar- e impedir su abatimiento supondrá un «grave perjuicio en el medio rural» , donde ha de convivir con la ganadería.

Con la decisión firme de acudir a los tribunales si no da su brazo a torcer, piden a la ministra Ribera «que abandone la política de imposición» y que «se siente» con ellos para «abordar la problemática» desde un diálogo que llevan reclamando sin éxito desde hace meses.

Las cuatro comunidades inciden en las «consecuencias tan perjudiciales» que prohibir la caza del lobo tendrá . Y censuran que la iniciativa que persigue el Ministerio «suponga una invasión de competencias exclusivas» que recaen en las autonomías, además de «impedir» la gestión de la conservación y el control poblacional del lobo, con el consiguiente «gravísimo daño» para el sector agropecuario. Es más, recalcan en que la postura del departamento de Teresa Ribera «va en contra» de la propia Estrategia de Gestión y Conservación del lobo ibérico aprobada por ese mismo Ministerio entonces sí con el «consenso» de todas las comunidades y «en unos tiempos en los que la especie era muchísimo menos abundante que en la actualidad» y «aún así» consideraba que su conservación era «compatible» con su consideración de cinegética.

Y alertan de las «consecuencias legales y económicas» que tendrá el cambio de estatus, «en contra de las legislaciones de las comunidades autónomas».

Además, los servicios jurídicos de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria analizan «todo el proceso» que llevó a que el jueves se incluyera el lobo en el listado de especies protegidas. «A primera vista se aprecian múltiples iregularidades en el procedimiento» , advierten. Entre ellas, que no se facilitara votar a Ceuta en esa reunión telemática y que «fue determinante» en el ajustado resultado (nueve votos a favor, contando el del Ministerio y ocho en contra), en el que las cuatro comunidades que unen fuerzas y albergan el 95% de la población de canis lupus se posicionaron en contra.

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