Castilla y León dará «batalla» contra la decisión «ideológica» de prohibir la caza del lobo

Un «ataque absoluto» a la ganadería y a los «intereses generales» de Castilla y León , así como de los otros tres territorios del noroeste español –Galicia, Asturias y Cantabria– en los que se asienta el 95 por ciento de la población de lobo ibérico (canis lupus) de la Península. Así ha censurado este jueves el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, lo que tan sólo unas horas después se ha hecho realidad: la a probación de incluir al cánido en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial que, en la práctica y de recibir el respaldo del Ministerio, supondrá la prohibición de la caza del lobo , también al norte del río Duero, donde sí es considerada cinegética mediante un sistema de cupos y se gestiona «con sensatez» y de forma «ordenada».

Suárez-Quiñones ya había avanzado que las cuatro comunidades volverán a hacer piña y darán una «importante batalla» ante una decisión que ha tachado de «ideológica» y que «no» está basada sobre razón alguna de conservación de la especie. «El lobo está absolutamente conservado» e «incluso» presenta una «expansión desordenada» , llegando a territorios «donde nunca ha estado». «Por tanto, entendemos que los intereses generales tienen que estar por encima de los particulares e ideológicos de una determinada entidad ecologista», ha reclamado el consejero, quien ha instado a que «la sensatez y el interés general guíen las decisiones del Gobierno».

Y es que si bien la cuestionada y ajustada votación que ha sacado ó adelante la propuesta no es decisiva ni vinculante, sí puede marcar el camino de lo que decida el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuyo representante fue quien precisamente elevó el punto a la votación en comisión. Desde Castilla y León, junto con Galicia, Asturias y Cantabria , han censurado el proceder, la falta de consenso «especialmente» con «aquellas comunidades que albergan de forma mayoritaria la población de la especie», así como la carencia de documentos que «avalen» su postura «o contradiga» los informes técnicos remitidos por estas cuatro autonomías en las que viven el 95% de los lobos y el «profundo malestar» por la «falta de diálogo» con la ministra Teresa Ribera .

De hecho, en el comunicado conjunto reprochan que mientras los ganaderos y zonas rurales son los «principales afectados» en la gestión del lobo, «al parecer no gozan de la capacidad de influencia ante un Ministerio que dice afrontar el reto demográfico que sí parecen tener ciertos lobbys ecologistas y animalistas ». Y recriminaron que «daña gravemente» los intereses de los ciudadanos de estos territorios «en unos momentos en los que lo que procede no es dañar a nuestro castigado medio rural, sino apuntalarlo, que es el camino contrario al emprendido».

Además, Quiñones también ha alertado de la prohibición «de facto» de cazar lobos también al norte del Duero que supone este paso es «ir más allá» de la Directiva Hábitat de la Unión Europea , que sí contempla como cinegética la especie en esta zona. «Estamos absoluta y radicalmente en contra», incidió.

Entre las voces que también se han alzado en contra, la de Ciudadanos, que ha denuciado la « imposición del enfoque ideológico de falso ecologismo» sin «datos empíricos que avalen una decisión» marcada por «la concepción urbanita y desconectada de la realidad» que ha guiado al Gobierno. «Desde el Gobierno se equivocan cuando quieren proteger a los cánidos a costa de los ganaderos, la economía y la población del medio rural», han censurado desde Cs.