Navacerrada puede abrir este viernes tras rechazar la justicia la «urgencia» del Gobierno para cerrar la estación
El TSJCyL argumenta que no existe «urgencia» para adoptar las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno central para impedir la apertura de las pistas de la vertiente segoviana
La Abogacía del Estado considera una «cuestión meramente procesal» la denegación de su petición mientras que el portavoz del Gobierno regional califica la decisión de «buena noticia»
El pulso entre el Gobierno y la Junta de Castilla y León sobre la estación de esquí de Navacerrada se inclina, por el momento, a favor del Ejecutivo autonómico. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCyL) ha rechazado las medidas cautelarísimas s olicitadas por el Ministerio de Transición Ecológica para impedir que las pistas de la vertiente segoviana continuarán en funcionamiento y abriesen este viernes .
Los jueces no perciben la «urgencia» para adoptar esa medida, según relata el fallo judicial, y el recurso contencioso-administrativo presentado contra la Junta de Castilla y León, que, por boca de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, dio luz verde al mantenimiento de la actividad en la estación el pasado martes, deberá seguir el procedimiento ordinario.
Fueron precisamente esas declaraciones de Mañueco las que hicieron reaccionar al Gobierno, que tan solo horas más tarde, decidió interponer el recurso en el que solicitaba las medidas cautelarísimas.
La intención de la empresa concesionaria de la estación era abrir mañana si las condiciones climatológicas lo permitían y, tras conocer el fallo del TSJ, podrá hacerlo a la espera de que se resuelva definitivamente el frente entre el Ministerio y la Junta.
Conocida la decisión del TSJ, el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha asegurado que se trata de «una buena noticia para la Comunidad». «No es un pronunciamiento definitivo pero permite a la empresa reabrir su actividad», ha subrayado en declaraciones recogidas por Ical.
Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz ha insistido en la idea trasladada un día antes pores el presidente Mañueco señalando que «es curioso con qué facilidad el Gobierno va a los tribunales contra Castilla y León y con qué dificultad va contra otras, a las que ni siquiera obliga a ejecutar las sentencias». Así lo ha apuntado antes de acusar al Ejecutivo central de que «cede con facilidad al chantaje de sus socios y trata de imponerse ante una comunidad que se limita a ser leal y a velar por salir adelante».
Por su parte, la Abogacía del Estado considera una «cuestión meramente procesal» la denegación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de su petición. En este sentido, señalaron a la Agencia Ical que el Tribunal ha decidido tramitar la solicitud de esta medida cautelar de forma ordinaria y no como urgencia pero destacan que ha dado un plazo «brevísimo» de dos días a la Junta para realizar alegaciones. Por lo tanto, consideran que es previsible que hasta después del Puente de la Constitución y la Inmaculada no haya una respuesta sobre la adopción de las medidas cautelares.
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