El Gobierno interpone un recurso contra la Junta para impedir la práctica del esquí en Navacerrada
El Ministerio de Transición Ecológica considera que las declaraciones de Mañueco sobre que las pistas seguirían abiertas «confunden deliberadamente el esquema de reparto de competencias»
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Nuevo capítulo en la polémica sobre la estación de esquí de Navacerrada. La Abogacía del Estado , a instancias del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), ha autorizado este lunes la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la Junta de Castilla y León, para impedir la práctica del esquí en las pistas de la vertiente segoviana .
El Ministerio responde así a las declaraciones del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco , en las que aseguraba que las pistas seguirían abiertas, dado que el Gobierno central había considerado que la Junta era el organismo competente para decidir .
El Ministerio de Transición Ecológica, que ya había decidido el cierre por motivos medioambientales y la alta concentración de turismo en la zona, añade que «dichas a firmaciones parten de una premisa falsa y confunden deliberadamente el esquema de reparto de competencias».
Asimismo, atendiendo a la i rregularidad que supondría la continuidad de las actividades de esquí alpino en el territorio afecto a la concesión caducada, y más teniendo en cuenta que la entidad concesionaria está publicitando la apertura de las instalaciones para el próximo 1 de diciembre , la Abogacía del Estado ha autorizado la solicitud de medidas cautelares que impidan la realización de actividades de esquí y el uso de las instalaciones hasta la resolución del recurso, informa Ical.
Vulneración del Estado de Derecho
El OAPN precisa que el hecho de que la concesionaria siguiera desarrollando la actividad, supondrían la vulneración de los derechos del propietario del monte reconocidos en la Ley de Montes de Castilla y León (Ley 3/2009 de 6 de abril), y el procedimiento administrativo para el otorgamiento de concesiones, a lo que añade que i nvita a la vulneración del Estado de Derecho para favorecer el interés privado en lugar del interés general.
La Junta de Castilla y León, explican desde el Ministerio, es la administración competente para resolver las concesiones de dominio público forestal y, por tanto, de tramitar el expediente ante una ocupación ilegal como la que se está dando en los terrenos del Puerto de Navacerrada, comprendidos en el Monte de Utilidad Pública Pinar de Valsaín (la concesión caducó el pasado 3 de abril de 2021). «Pero lo que en ningún caso compete a la Junta es decidir sobre la ocupación o la no ocupación de unos terrenos de titularidad pública propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN)».
El recurso contencioso-administrativo es consecuencia del requerimiento que hizo en octubre el OPAN a la Junta para que actuara y resolviera las solicitudes presentadas para declarar la extinción del título administrativo de la concesión de las instalaciones de esquí en dichos terrenos. Algo que la Junta «rechazó expresamente».
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