La Junta pide evaluar el impacto del Covid-19 en las residencias por los resultados: el 79% lo ha superado

«Disminuir el daño todo lo posible». Es la guía que ha marcado las decisiones de la Junta de Castilla y León respecto a las residencias de ancianos y personas con discapacidad durante la pandemia del Covid-19. Así lo defendió ayer su vicepresidente y portavoz, quien recalcó las palabras tanto del jefe del Ejecutivo, Alfonso Fernández Mañueco, como de la consejera de Familia a Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, de que volverían a «hacer una y mil veces» lo realizado con estos centros. «Y no por cabezonería», sino por el análisis que se desprende de los resultados y porque se tomaron las «mejores decisiones», organizando los recursos disponibles y sin dejar «a nadie sin asistencia».

En esta línea , la consejera de Sanidad, Verónica Casado , se remitió al informe de la Sociedad de Geriatría que refleja que mientras en los países nórdicos la mortalidad en residencias ha sido de entre un 40 y 50 por ciento o en la Comunidad de Madrid del 30, en Castilla y León ha sido del 21. El 79 por ciento de los contagiados por Covid-19 «ha sobrevivido», destacó, a la vez que reconoció que les «duelen» todos los fallecimientos. «Pero hay que situar las cosas en su justa medida», apostilló, además de defender que se pusieron «muchos recursos» para «intentar taponar y ayudar» a las residencias como los equipos Covid con profesionales sanitarios de diversas categorías, la medicación hospitalaria que trasladaron o el oxígeno. Aún así, «ha habido una pandemia terrible», reconoció Casado. Según los últimos datos, más de 6.700 la han superado.

Hasta ayer, 1.483 residentes en estos centros habían fallecido víctimas del coronavirus, 787 en hospitales y 696 en los propios centros -262 de los 1.214 han registrado muertes-. En la última jornada no sumaron más víctimas, como tampoco aumentaron los decesos con síntomas compatibles con la enfermedad (1.104).

Igea aseguró que «no» tienen problema alguno en someterse al veredicto de la justicia si llega al caso ni a una comisión de investigación en las Cortes. Y llamó a mirar la letalidad provocada en estas circunstancias en función de la seroprevalencia y enfermos para «valorar con objetividad las decisiones que se han tomado». «Lo que hay que evaluar es el resultado», teniendo en cuenta una seroprevalencia de unos 170.000 afectados y cerca de 70.000 personas en total con síntomas. Y dijo entender «la desesperación y el enfado» de muchas familias que han perdido a sus familiares, pero, añadió, «nuestra tarea como gestores públicos y como gobierno es tomar la decisiones necesarias para disminuir en la medida de lo posible el daño»