La Junta pedirá a las residencias privadas que publiquen los datos de sus fallecidos por Covid-19

«Sin transparencia, sin verdad y sin datos difícilmente sacaremos las lecciones que nos ha dejado la crisis», aseguró ayer el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, muy crítico con la actuación del Gobierno nacional a la hora de informar de los datos de fallecidos por Covid-19. El Ejecutivo autonómico, por su parte, «ha utilizado todas las fuentes posibles para publicar los datos». «Hemos informado de mortalidad en hospitales, en residencias, de casos confirmados y de casos sospechosos», enumeró Igea, dolido con la actuación de la Dirección General de los Registros. «Es quien tiene el registro civil con los certificados de defunciones de todos los españoles y por desgracia no ha sido capaz de proporcionarlos», concluyó.

Así respondió el también portavoz de la Junta a la cuestión que le planteó ayer en las Cortes la procuradora de Ciudadanos, María Teresa Gago, quien alabó el trabajo de sus compañeros: «La Consejería de Transparencia ha sido clara, concreta y concisa. Aún estamos esperando que el Gobierno central lo sea».

Igea también hizo referencia a la crítica que realizó el lunes el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca. «La Junta no puede parapetarse detrás de la Ley de Transparencia para no facilitar los datos de la residencias privadas», dijo el socialista. Sobre esto, Igea admitió ayer que es «radicalmente falso». «Se va a pedir a todas ellas (a las residencias) si tienen algún inconveniente en que se publiquen estos datos», anunció. Según la Junta, han solicitado informe al secretario de Estado sobre la legalidad de hacerlo público y «todavía no ha sido contestada». «En vez de hacer declaraciones a la prensa, que pidan a los miembros de su partido que cumplan al menos con el mismo esfuerzo que lo ha hecho la Junta», afirmó refiriéndose a Tudanca.

Sobre las residencias también se pronunció el portavoz de Podemos en la Comunidad, Pablo Fernández, quien pidió la dimisión de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, acusada de estar «atrapada» en sus mentiras y de «faltar a la verdad» en su respuesta. Según Fernández, los responsables de la Junta ordenaron no trasladar a los hospitales a los mayores y negó que se medicalizaran las residencias. «Usted sabe que no», respondió Blanco. «Nunca se prohibió el traslado, se ofrecieron tratamientos respiratorios de oxigenoterapia y la hospitalización a domicilio con antibióticos».