Castilla y León, en contra de 'gripalizar' ahora el Covid

Castilla y León no es partidaria de «gripalizar» el Covid como parece apostar el Ministerio y sí de seguir avanzando en la vacunación.No obstante, abre la posibilidad a reducir la vigilancia epidemiológica en los «próximos meses inmediatos» si el virus sigue la evolución que «parece apuntar». Así lo ha trasladado al Consejo Interterritorial del Sistema de Nacional de Salud, en el que se debatió sobre la posibilidad de disminuir la intensidad en la vigilancia epidemiológica.

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, argumentó para defender tal postura que la gripe generó una pandemia de tres años en 1918, con olas que se fueron sucediendo de forma «algo parecido» a esta del Covid. Hoy, la gripe es una enfermedad endémica porque está «perfectamente controlada» y tiene un carácter estacional y, sin embargo, el coronavirus no está en esa situación, tal y como refleja la incidencia acumulada y el número de casos y oleadas.

Por ello, defendió que en este momento no les parece adecuado por el momento reducir la vigilancia epidemiológica de forma «global» e «instantánea», aunque no se cerró que pueda hacerse en los «próximos meses inmediatos». En este sentido, remarcó que Castilla y León sí que tiene preparado un sistema red de centinela para esta nueva fase de la pandemia, pero indicó que otras comunidades ya advirtieron de que no están en condiciones de hacerlo, por lo que habrá que elegir otro sistema.

Por otra parte, el consejero cifró en casi 50.000 las pruebas realizadas por las unidades móviles, con un 25 por ciento de positividad. «Han permitido cortar 13.000 cadenas de trasmisión», subrayó el consejero, que se mostró «satisfecho» con unos dispositivos móviles que han generado polémica. Entre otras cuestiones, por el coste generado al contratar el servicio a tres empresas privadas y que algunas partidos de la oposición han cifrado en seis millones de euros. Una cantidad que es una «valoración inexacta» y que desmintió ayer el titular de Sanidad al afirmar que ese importe se corresponde con una «reserva de crédito» realizada en un momento de «incertidumbre» en el que no se sabía el volumen de las pruebas a realizar, pero no con lo desembolsado con la Junta. Es más, según sus cálculos, cada uno de los test tiene un precio de 4,6 euros que si se multiplica por los 200.000 que preveía realizar da un resultado de 900.000 euros.