El calvario de Juan Pedro: del rechazo social absoluto a ser agredido por la muerte de su madre
Acusado del asesinato y la violación de Renée, estuvo 420 días en prisión y espera que la Audiencia de Toledo archive la causa
Juan Pedro es un hombre de 50 años, vive ahora de la caridad en un albergue de Toledo y no se encuentra anímicamente preparado para conceder entrevistas a los medios de comunicación. «Está en una situación psicológica preocupante y, como consecuencia de ello, está yendo a consultas psicológicas y psiquiátricas». Lo cuenta a ABC su abogado de oficio, José Luis Chorot, que habla de un «claro error policial, no negligencia» , en la investigación de la muerte de su madre -de la que se cumplirán dos años el lunes próximo-, y que llevó a su cliente a pasar 420 días en una cárcel.
«Socialmente, Juan Pedro ha sufrido un rechazo absoluto -asegura el letrado-; hasta tal punto que en marzo, unas semanas después de estar en libertad provisional, fue agredido por unas personas que lo sorprendieron de noche y le propinaron unos golpes en la cara. Él no se defendió, se comportó como un saco de boxeo, y tuvo que ir al hospital para que lo curaran. Sospechamos de vecinos del barrio que lo acusaban de matar a su madre, pero no se los identificó porque él no quiso denunciar; es un hombre muy apocado».
«Juan Pedro defendió siempre que no mató ni violó a su madre», sostiene el letrado. Pero ese hombre de pocas palabras pasó 420 días en prisión provisional en Ocaña I acusado del asesinato y de la agresión sexual a su progenitora, Renée Yvonne Belveze. Era una francesa de 83 años con muchos achaques físicos. «Sufría asma, tenía falta de respiración y también problemas de movilidad», relata Chorot.
Manifestaciones de repulsa
Desde hacía años, madre e hijo convivían en una pequeña vivienda alquilada en el barrio toledano de Santa Bárbara; un primer piso del número 37 de la calle de la Fuente. Pero Renée falleció la madrugada del viernes 10 de enero de 2020 y Juan Pedro se convirtió en el sospechoso de la muerte de su madre al día siguiente, cuando la autopsia apreció signos de violencia.
Juan Pedro relató a la Policía Nacional que encontró el cuerpo sin vida en la puerta del baño cuando llegó del trabajo, poco antes de las tres de la tarde. Pero los investigadores no le creyeron y fue detenido. Su arresto originó manifestaciones de repulsa por «el asesinato de una vecina en Santa Bárbara» , como aseguró el Centro de la Mujer de Toledo, y «en memoria de nuestra vecina Yvonne Balveze Dibos, asesinada después de ser agredida sexualmente por su hijo », como sostuvo la Plataforma 8M Toledo.
La alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón, escribió en Twitter (sic): «Acabamos de saber que el asesinato de una mujer en Santa Bárbara es otro asesinato, fruto de la violencia hacia las mujeres» . También la concejala del grupo municipal IU Podemos, Olga Ávalos, condenó «el asesinato machista», con un mensaje para terceros: «Ningún partido político ha condenado el asesinato de una mujer de Santa Bárbara, nosotras sí. Es un nuevo caso de violencia de género, aunque no lo quieran reconocer ».
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se personó en la causa como acusación popular -y así continúa-, porque lo consideró un caso de violencia de género y de violencia doméstica. «También el delegado del Gobierno [en la región, Francisco Tierraseca] habló de este caso particular» recuerda el abogado. «Y todo no hizo más que añadir más leña al fuego» .
«No se realizó una buena investigación policial, que fue lo que desencadenó todo lo demás», opina el abogado de la defensa
Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Toledo dictó el 20 de diciembre un auto por el que no procesará a Juan Pedro por la muerte de su madre , que pudo tener un origen meramente accidental por una caída al suelo, según el informe definitivo de la autopsia. En él se califica el fallecimiento de «etiología legal indeterminada», ya que no se ha podido determinar un particular mecanismo en su óbito. «No está probado que participara una segunda persona. Las marcas que tenía pudieron ser provocadas por ella misma para evitar ahogarse. Todos los indicios, después de averiguraciones, pruebas y estudios, van dirigidos a una muerte natural», remacha Chorot.
Ahora la Audiencia provincial de Toledo debe decidir si cierra la causa, como el letrado espera, o si se juzga a Juan Pedro por la ley del jurado. La resolución se podría conocer a mediados de febrero, según conjetura el abogado.
«Esta situación no es consecuencia de una mala actuación procesal por parte del juzgado de instrucción -opina Chorot-. Ha sido por unas circunstancias que se han ido produciendo, unas pruebas médico forenses que han tardado en practicarse porque eran complejas, y también a la situación a consecuencia de la pandemia».
En ningún caso, dice el letrado, se ha debido a una demora del juzgado de instrucción porque el juez, Antonio Sánchez Pos, «ha sido muy diligente y ha pedido en muchas ocasiones la terminación de esas pruebas médicos forenses» , practicadas en Madrid y Toledo, pero que «han tardado demasiado tiempo». «Cuando tuvo el mínimo indicio -continúa el letrado- de que la información y la investigación policiales no se correspondían con la realidad, con las pruebas científicas, el juez decretó la libertad provisional».
Fue el 9 de marzo. Juan Pedro había pasado 420 días en la cárcel de Ocaña I, colaborando principalmente en la enfermería para no tener problemas. «Él estuvo todo ese tiempo apartado de la vida reclusa, no participaba en los trabajos ni en cursos; él mismo se recluyó dentro de la prisión. Estuvo fundamentalmente en la enfermería, apartado, más tranquilo y más seguro, donde hacía lo que le decían: ‘Lleva esto y lo otro’», cuenta su abogado.
Cuando pisó de nuevo la calle, Juan Pedro había perdido la casa alquilada, aunque «llegamos a un acuerdo para resolver el contrato de arrendamiento»; había perdido también su trabajo y el Ayuntamiento de Toledo quiso cobrarle más de 5.000 euros porque dejó su coche apartado en zona azul, donde permaneció desde el día que la Policía Nacional lo detuvo y hasta que una grúa lo llevó a un depósito municipal. «También lo arreglamos para que no le cobraran ese dinero, pero no recuperó su coche, que era antiguo».
Buenos samaritanos
Pero Juan Pedro no ha estado solo. «Al quedar en libertad -explica su letrado-, quiso volver a la casa, pero no pudo porque estaba precintada por orden judicial. Estuvo pululando por donde pudo, aunque no llegó a mendigar porque ha habido unas personas que le han prestado ayuda, cobijo, comida y se le ha gestionado la entrada en el albergue donde está ahora».
Chorot habla de que todavía quedan personas «buenas samaritanas» que «han creído en su inocencia». «Una señora localizó a Juan Pedro a través de mí y es la que más lo está ayudando. Desde que salió de prisión, se ha ocupado de él -asegura-. También gestionamos que ingresara en el albergue y le ayudamos a sacar de la casa sus pertenencias. Fuimos con dos furgonetas de Cáritas y con gente que trabaja o colabora con ella; desalojamos los enseres, algunos se los quedó él y otros los donó a Cáritas».
El abogado confiesa que dudó de Juan Pedro al principio. «Con las informaciones policiales y lo que me comentaban antes de la primera declaración, parecía que podía haber visos de realidad. La deformación profesional me llevó a pensar en la línea de defensa, en atenuantes, eximentes... Pero después, cuando hablé con él, me repitió que no lo había hecho, que cómo iba a matar a su madre. Luego, en la primera inspección ocular en la casa, hablé con él allí y le volví a insistir. Y me reiteró que no lo había hecho. Fue entonces cuando no dudé de él ». «En la prisión se lo volví a preguntar, por si había algún cambio en su orientación, y siempre me dijo lo mismo: que no. Luego ya no he dudado de él nunca».
Juan Pedro y su abogado aguardan la resolución de la Audiencia. Si decreta el sobreseimiento de la causa, el letrado tramitará una incapacidad permanente para su cliente por su situación psicológica, además de solicitar que el Estado lo indemnice «por este error». «No se realizó una buena investigación policial -opina Chorot-, que fue lo que desencadenó todo lo demás».
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