La larga lucha de las mujeres para ser reconocidas en el campo

Mariano Cebrián

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12/03/2022
Actualizado 13/03/2022 a las 00:19h.

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A eso de las cinco de la madrugada empieza la jornada para Merce y Marisol, que una hora después tienen que ordeñar a sus cabras, un trabajo que repiten después de comer y, haciendo varias cosas a la vez, su jornada laboral termina a las ocho de la tarde, y así un día tras otro. Ambas son propietarias, junto con sus maridos, de explotaciones en sus pueblos dedicadas al ganado caprino. Al hilo del Día de la Mujer del 8 de marzo , las dos quieren llamar la atención sobre el papel de la mujer en el campo , donde su trabajo es muy importante y muchas veces invisible.

Estas dos mujeres engrosan la lista de 232 empresas de titularidad compartida que tiene registradas la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha desde que se aprobó en 2011 en forma de ley esta unidad económica sin personalidad jurídica. Pero, ¿en qué consiste esta cuestión que muchos desconocen? Según explica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en su página web, es una opción voluntaria que tienen los matrimonios o personas con análoga relación de afectividad de gestionar de manera conjunta una explotación agraria, compartiendo no solo el trabajo, sino también la gestión, los derechos, cuotas y subvenciones.

Pese a los poco más de diez años desde la entrada en vigor de esta figura, las cifras que arrojan el registro de titularidad compartida muestran números muy bajos, lo que demuestra que queda mucho por hacer. En concreto, de las más de 800.000 explotaciones agrarias con las que cuenta España, tan sólo 200.000 están gestionadas por mujeres y ni siquiera 1.000 son empresas de titularidad compartida.

Castilla y León sigue liderando esta relación con casi 400 inscripciones y le sigue Castilla-La Mancha con 232 empresas de este tipo a fecha de este mes de marzo. Sin embargo, según los datos del último censo agrario de esta segunda comunidad autónoma, esta cifra no supone ni un 5% del total de las explotaciones agrarias, que son 159.882, de las cuales 138.651 están gestionadas por hombres y 49.356 por mujeres.

Merce y Marisol son dos ejemplos de lo que todo ello representa, pero su opinión sobre la titularidad compartida difiere mucho. Marisol Lorente Anaya , de 46 años, tiene una explotación ganadera con unas 2.000 cabras a poco más de cuatro kilómetros de la localidad toledana de Los Yébenes, en la carretera de Los Cortijos, en un paraje conocido como Arroyo Zurita. Ella, junto con su marido, fueron los primeros en Castilla-La Mancha en inscribirse como empresa de titularidad compartida.

«La verdad es que para nosotros no ha sido nada rentable», asegura Marisol, que cuenta a ABC que tuvieron que buscarse la vida desde el principio «debido al desconocimiento de las administraciones, tanto de Hacienda como en la Seguridad Social, al igual que en la Consejería de Agricultura». Ahora, diez años después, esta ganadera de Consuegra se queja de que, a los gastos propios de gestionar una explotación de este tipo y pagar a cuatro trabajadores, tiene que pagar el cupón de autónomos de más de 200 euros cada mes y el alta en la Seguridad Social. «Estoy peor que antes de ser autónoma», afirma.

Marisol y su marido se sumarán a las protestas del 20 de marzo en defensa del campo, puesto que otro de los problemas a los que se enfrentan son los bajos precios que obtienen por sus productos y los altos gastos que tienen por la subida del precio de los piensos, de los carburantes o de la luz, además del desembolso en maquinaria nueva. Ahora mismo el litro de la leche de cabra cuesta ahora 15 pesetas, mientras que no llega ni siquiera a 4 euros el kilogramo de cabrito.

Con este panorama, Marisol se muestra poco optimista, pese a que sus dos hijas -de 21 y 18 años- les ayudan en las labores ganaderas. Su madre cree que, si no cambia la cosa, «el futuro es muy negro para el sector porque la gente no quiere trabajar en el campo». «Tenemos miedo de no poder mantener la explotación y cerrarla si no es rentable», dice con pesar.

Una opinión bien distinta ofrece Mercedes Galán García , de 36 años y propietaria también de una explotación ganadera de caprino en el municipio toledano de Consuegra. Merce, como la conoce todo el mundo en su pueblo, comenzó en solitario en 2015 con unas 170 cabras. Ahora posee una cabaña de unas 500 cabezas, que junto con su marido Óscar miman con esmero en una nave de construcción situada en la carretera de Valdespino, en el camino conocido como de Los Caños.

Hasta allí acuden a diario tanto ella como su marido desde las seis de la madrugada hasta las ocho de la tarde desde hace más de cuatro años. Fue en 2017 cuando se inscribieron en el registro de titularidad compartida y el matrimonio se muestra «contento con el resultado, aunque este trabajo es muy esclavo». Merce trabajó anteriormente en una tienda de ropa en Toledo y en una gasolinera de su localidad, mientras que Óscar provenía del sector de la construcción.

Ahora, pese a las dificultades propias de cualquier explotación ganadera, provocadas por la bajadas de los precios de la materia prima y la subida de los costes de producción, reconocen que no dan a basto. De hecho, están buscando un trabajador. Con ellos en la nave, están casi todos los días sus dos hijos -Manuel, de 9 años, y Jorge, de 4-, que se han criado entre las cabras.

Este matrimonio es el único de los muchos que hay en Consuegra que se dedica al sector primario que se ha inscrito como empresa de titularidad compartida. Una situación que, según asegura Merce, les ha beneficiado «porque lo importante es que tú eres dueño de tu tiempo y de tu trabajo, aunque sea muy sacrificado». «Todo ello, gracias a las ayudas de la PAC (Política Agraria Común de la Unión Europea ), sin las cuales sería imposible mantener un negocio como éste», subraya Merce, que mira al futuro con esperanza. Tal es así, que van a comprar otra ordeñadora para sacar el máximo partido a la leche de sus cabras.

Bien conoce este mundo Carmen Quintanilla , presidenta a nivel nacional y en Ciudad Real de Afammer ( Asociación de familias y mujeres del mundo rural ), que lleva desde 1982 luchando por este colectivo. De hecho, ella fue una de las precursoras de la titularidad compartida y participó como ponente en el Congreso de los Diputados para que la Ley saliera adelante en 2011, algo que se consiguió por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.

«La Ley de Titularidad Compartida generó mucha expectación», recuerda Quintanilla, que cuenta a ABC que el objetivo era «cambiar una realidad que existía en muchas explotaciones agrarias para dar derechos a la mujer en el campo por un trabajo que realizaban y que no era reconocido». Con ello, destaca, las mujeres ya podían ser propietarias de las fincas en las que trabajaban, al igual que sus parejas o familiares hombres, y también se convirtieron en autónomas, comenzaron a cotizar a la Seguridad Social, a hacer la declaración de la renta por separado, a poder optar a ayudas y subvenciones, y otra serie de derechos de los que no disfrutaban hasta entonces.

«La de España fue la primera normativa de estas características que se aprobó ya no sólo en la Unión Europea, sino en todo el continente europeo y en el mundo», asegura con orgullo la presidenta de Afammer, que destaca además que «daba la posibilidad a un relevo generacional en el campo». Sin embargo, haciendo un balance de lo que han significado estos más de diez años, cree que «la ley no ha cumplido de momento las expectativas creadas».

La organización que preside Carmen Quintanilla realiza un gran número de charlas informativas sobre éste y otros asuntos para las mujeres rurales, pero se queja de la «falta de información y promoción por parte de las administraciones». Indica además que son muchos los «problemas burocráticos» a los que se enfrentan las interesadas y los interesados en la titularidad compartida. Trámites y papeleos que muchas veces les echan para atrás».

La presidenta de Afammer lamenta igualmente que la titularidad compartida «arrastra una falsa creencia basada en el miedo de que muchos hombres piensan que perderán sus propiedades y sus derechos, cuando no es así. Lo que se consiguió con esta ley es una igualdad entre hombres y mujeres en el reparto de la producción y de las ganancias que genere su explotación agraria».

«Me da mucha pena en lo que ha quedado esta iniciativa que yo impulsé», dice Carmen Quintanilla, que considera que lo datos conseguidos hasta ahora son «irrisorios». Así lo ve también la presidenta de Amfar ( Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural ), Lola Merino, que informa de que la media a lo largo de estos once años de vida de la titularidad compartida es de 1,7 inscritos cada mes.

Otro de los problemas, a juicio de Lola Merino , es que «cada comunidad autónoma establece unas bonificaciones distintas». «Falta mucho trabajo por hacer para que las cosas mejoren y el Ministerio de Agricultura debería ponerse más serio. Nunca es tarde», manifiesta la también diputada del PP y responsable del sector primario de este partido en las Cortes de Castilla-La Mancha .

Otra de las organizaciones que trabaja a pie de campo es Fademur ( Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales ), cuya presidenta en Castilla-La Mancha, Elisa Fernández , valora la importancia que tiene la titularidad compartida para luchar contra la despoblación en nuestros pueblos. «Muchas de las mujeres que se dedican al sector primario se quedan a vivir en su tierra junto con sus maridos e hijos y, con ello, se consigue fijar población », explica.

También defiende las bondades de esta figura legal el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo , que defiende que desde que Emiliano García-Page es presidente se han impulsado las inscripciones en el registro de titularidad compartida. Así, recuerda que cuando en 2015 eran tan sólo 28 las empresas que se registraron, ahora son 232.

En cualquier caso, llama la atención sobre el «importante número» de chicos y chicas que se han incorporado al sector primario en la región, con programas que priorizan a la mujer. De hecho, señala que de los más de 4.000 jóvenes que han llegado al campo castellanomanchego, un tercio de los expedientes son de mujeres. Asimismo, destaca la aprobación en 2019 del Estatuto de las Mujeres Rurales , gracias al cual el número de mujeres que forman parte de los consejos rectores de las cooperativas agrarias en Castilla-La Mancha ha crecido hasta el 10,2%.

Además, anuncia que a finales de 2023 todas las organizaciones agrarias, empresariales o rurales que quieran trabajar con el Gobierno de Castilla-La Mancha , deberán tener al menos un 40% de mujeres en sus órganos de dirección. Más allá de estos anuncios, aunque el trabajo de la mujer en el campo empieza a ser visible, si uno se fija en los datos generales, este sigue siendo un sector masculinizado y queda mucho camino por recorrer.

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