El Tribunal Supremo analiza su competencia en el preámbulo del juicio oral al «procés»
Los acusados alegarán que la vista debe celebrarse en Cataluña, una tesis rechazada en el pasado por el TS
Con la crisis de Cataluña activa a pesar de «la receta del ibuprofeno», llega el preámbulo del juicio al «procés» .
El Tribunal Supremo estudia este martes si es el órgano al que le corresponde enjuiciar el plan secesionista ilegal. Una cita que activará la cuenta atrás hacia la vista oral contra los líderes independentistas acusados de alentar una insurrección para lograr la secesión de Cataluña fuera de la ley. Primer acto antes de la hora de la verdad.
Se trata de la vista de previo pronunciamiento, una sesión dedicada a cuestiones de forma que no es parte todavía del juicio y que se centrará en un debate sobre la competencia del Supremo . Las defensas de los acusados argumentarán por qué creen que el Alto Tribunal –la cúspide del sistema penal español– no tiene competencia para investigar y enjuiciar los hechos. Los líderes del «procés», que no acudirán en persona a la vista al no estar obligados a ello, alegarán que el juicio debe celebrarse en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) .
El perímetro de los hechos
Aunque no tienen confianza en que salga adelante su reclamación, los abogados de los acusados defenderán que los hechos enjuiciados –el plan lanzado por las antiguas autoridades catalanas para lograr la independencia fuera de la ley, enfrentando a la sociedad catalana contra el Estado– tuvieron lugar en Cataluña. Al limitarse a dicha autonomía, el tribunal competente para investigar y juzgar lo sucedido sería el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña según la versión de las defensas, que expondrán mañana esta visión de forma oral. La Fiscalía y la acusación popular de Vox se opondrán.
Esta vista no se adentrará en el fondo del asunto. La batalla de los argumentos del juicio comenzará el próximo año, previsiblemente a finales del mes de enero, y comenzará con el interrogatorio de los 18 líderes secesionistas acusados. Aun así, la sesión prevista para el martes calentará los motores del juicio, juntará ver por primera vez a los siete jueces del tribunal con los abogados de las defensas y las acusaciones, y mantendrá la atención en el desafío catalán, en una semana en la que el Gobierno socialista celebrará el consejo de ministros en Barcelona.
Ante esta petición, lo previsible es que el Supremo ratifique su competencia para juzgar al «procés», una vista histórica en la democracia española, cuya sentencia escribirá el relato jurídico de una crisis política que llegó más lejos que nunca, con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre.
En un auto de hace un año, la Sala Penal, de la que forman parte los siete magistrados del tribunal del «procés», ya defendió que es al Alto Tribunal a quien le corresponde este caso. Los jueces avalaron lo que argumentó el Supremo al admitir la querella de la Fiscalía por rebelión: que parte del plan secesionista ilegal se ejecutó fuera de España, una circunstancia que otorga la competencia del caso al Alto Tribunal, en lugar de al TSJC. Uno de los acusados, Raül Romeva , intentó que se pudiera votar desde el extranjero, se encargó de la llegada de los observadores internacionales al 1-O, y trató de favorecer el reconocimiento a la supuesta república catalana en el extranjero a través de «Diplocat».
El tribunal resolverá la cuestión tras escuchar las alegaciones que formulen mañana las partes y analizar el relato de hechos del juez instructor, Pablo Llarena , y las acusaciones.
Tras aclarar la competencia, los acusados presentarán sus escritos de defensa y se fijará la fecha definitiva del juicio oral, que captará la atención de cientos de periodistas, incluidos muchos de medios internacionales.
Uno de los debates esenciales del juicio será si el «procés» incluyó un componente de violencia , una condición para que exista el delito de rebelión. La Fiscalía acusa por este delito y aprecia un atentado contra la Constitución , mientras que la Abogacía del Estado solo ve sedición, lo que supone reducir el «procés» a una cuestión de orden público.
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