Los sindicatos de Prisiones culpan a Interior de que el asesino de Lardero estuviese libre
«No hay ninguna argumentación técnica de por qué se le da el tercer grado a ese interno», asegura el presidente de Acaip-UGT, y el de Csif Prisiones atribuye lo ocurrido a la «actual deriva» de la gestión penitenciaria
Los sindicatos mayoritarios de Prisiones lo tienen claro: el asesinato en Lardero (La Rioja) de Álex, de 9 años, pudo haberse evitado, porque nunca se le debió conceder ni el tercer grado primero, ni la libertad condicional después. «Los profesionales de la cárcel de El Dueso, que lo conocían desde hace 20 años, sabían que no estaba preparado para vivir en libertad y veían riesgo de incidencia «, han señalado esta mañana los máximos responsables de Csif Prisiones y Acaip-UGT, Jorge Vilas y José Ramón López , respectivamente, en una rueda de prensa convocada esta mañana. Ambos, además, han criticado que Instituciones Penitenciarias bajo la dirección del ministro Fernando Grande-Marlaska y Ángel Luis Ortiz va a la «deriva» porque lo que se prioriza es «maquillar la estadística».
José Ramón López ha puesto en cuestión las «diferentes justificaciones» de Interior sobre la libertad condicional de Francisco Javier Almeida, ya que considera que en los 18 meses hasta su detención no existió un «seguimiento directo y continuado» , entre otras cosas por la inexistente figura del agente de la libertad condicional con un estatus específico y regulado, informa Ep.
Tras mostrar su solidaridad con la familia del pequeño Álex, los representantes sindicales han pedido a Interior «cierto grado de autocrítica», algo de lo que, dicen, «adolecen totalmente». La muerte de este niño de nueve años de Lardero es para ellos «el fracaso de la institución penitenciaria». Los dos sindicatos, mayoritarios en Prisiones, han denunciado que la prioridad ahora «no es garantizar la seguridad y la reinserción de los internos» , y se han detenido en que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias resolviera en febrero de 2020 desde Madrid «en tres líneas y sin una sola razón» a favor del tercer grado, previo a la libertad condicional aprobada por el juez de vigilancia penitenciaria dos meses después.
Aunque han reconocido que no conocen el documento de la Junta de Tratamiento de El Dueso, sí han expuesto que tienen constancia por compañeros de prisiones de que seis técnicos se posicionaron en contra del tercer grado, frente a tres que sí lo apoyaron dentro de este órgano colegiado. «La Administración lo despacha con tres líneas, sin dar ni una razón» , han añadido. Entiende López que fue la unidad de clasificación desde Madrid quien resolvió en contra de la opinión mayoritaria de la cárcel, usando para ello un «documento tipo» habitual para un preso condenado por delitos comunes, pero no en un «caso tan complicado» como el de Lardero.
Para los sindicatos se ha obviado que los primeros permisos de Almeida fueron acompañadospor un sacerdote, del total de 39 que tuvo antes de la libertad condicional. A partir de ese momento funcionarios de prisiones participaron en 16 intervenciones para comprobar la buena conducta, según fuentes penitenciarias. Los sindicatos rebajan este seguimiento a «ciertos controles» primando las entrevistas telefónicas .
Las organizaciones insisten en que desde la Junta de Tratamiento se sabía que el perfil de este preso responde al del agresor sexual que tiene buena conducta en prisión y muestra deseo de reinserción en la búsqueda de trabajo, aunque otros elementos «inviten a pensar que no era todavía el momento» de dejarlo en libertad por el riesgo de incidencia. Que este tipo de delincuentes tenga buena conducta en prisión es lo habitual, según han precisado.
« Estamos en el mundo de la estadística y el buenismo , hay que ser mucho más serio y riguroso«, han exigido ACAIP-UGT y CSIF, insistiendo en la idea de que ahora »no se hace caso a los profesionales penitenciarios«. »Es indiferente que los resultados sean positivos, lo importante es que crezca la estadística, así no se puede trabajar en la institución penitenciaria«, se han quejado. Los sindicatos han reiterado su petición de dimisión de Ángel Luis Ortiz como secretario general de Prisiones.
Por otra parte, Almeida ha sido traslado a la prisión de Segovia, en el municipio de Torredondo, a apenas nueve kilómetros de la capital castellano-leonesa. El traslado de Almeida hasta el centro segoviano se debe a motivos de seguridad del detenido, de 54 años, y que en la prisión de Logroño estaba muy señalado. Además su presencia en ese centro no era necesariapara la práctica de diligencia alguna, ya que la investigación está muy avanzada.
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