ERC redobla la presión para que el Gobierno reforme la rebelión y la sedición
El Gobierno echa balones fuera y dice que hace falta una reflexión «sosegada»
Mientras el país está pendiente de los cambios en el PP , la guerra en Ucrania, el Sahara y la inflación, ERC pisa el acelerador en su hoja de ruta. Los indultos concedidos a los líderes del procès no son suficientes para los republicanos, que observan con impaciencia el avance de la legislatura sin que el Gobierno haya reformado los tipos penales de sedición y rebelión, ni haya levantado las demandas de extradición contra los independentistas fugados.
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Pedro Sánchez ha consumido ya más de la mitad de la legislatura y aunque niega cualquier posibilidad de elecciones anticipadas, ninguno de sus socios descarta esta posibilidad. Al mismo tiempo, crece el temor a que el PSOE gire al centro para hacer frente a Alberto Núñez Feijóo y se aleje del bloque de investidura.
El informe Cilevics, la excusa
En este contexto, los republicanos han decidido redoblar la presión sobre el PSOE para que reforme los delitos de sedición y rebelión cuanto antes, pero también para que se retiren las demandas de extradición contra los independentistas fugados.
En las últimas tres semanas han impulsado cinco iniciativas distintas, pero todas en este mismo sentido, en el Congreso y el Senado. La última ayer cuando forzaron en esta última cámara una votación para instar al Ejecutivo a acatar la resolución aprobada por el Consejo de Europa -órgano externo a la UE- en junio de 2021 y basada en el informe del letón Boriss Cilevics que recogía las tesis secesionistas.
Ese dictamen recomendaba a España indultar a los golpistas encarcelados -como ya hizo Sánchez-, rebajar los delitos de sedición y rebelión, retirar todos los procesos penales relacionados con el referéndum ilegal de 2017 y mantener un diálogo «serio y constructivo» con los independentistas.
Llop no rechaza
El PSOE votó ayer en contra de esta moción, que fue rechazad. Pero la iniciativa se derivaba de una interpelación realizada por la senadora Laura Castel a la titular de Justicia, Pilar Llop , hace dos semanas.
En aquel cara a cara, Llop respondió con una larga cambiada sin rechazar de plano las exigencias de los republicanos pero sin comprometerse a cumplirlas.
A la vista de ello, el miércoles pasado, ahora en el Congreso, la diputada Marta Rosique insistió en la misma cuestión y preguntó a Llop si «piensa cumplir» la citada resolución. De nuevo la titular de Justicia intentó lanzar balones fuera aferrándose a que la resolución del Consejo de Europa no es vinculante pero el Gobierno ha tomado «buena nota» de las medidas que recomienda.
ERC pierde la paciencia
El Ejecutivo no quiere enfrentarse frontalmente con sus socios por lo que su estrategia es ganar tiempo dándoles una de cal y una de arena. Así, la ministra de Justicia insiste a los republicanos en la necesidad de «abordar determinadas reformas legales que lo que impliquen sea modernizar nuestro ordenamiento jurídico» y superar «regulaciones que son propias de otro siglo. En esto estamos de acuerdo».
Pero, al mismo tiempo, alega que no tiene «competencias ni capacidad» para reformar los delitos de sedición y rebelión. «Necesitamos una mayoría sosegada, una reflexión sosegada y un mínimo de consenso, porque afecta a aspectos nucleares de nuestra convivencia», apunta.
En cuanto a la anulación de las demandas de extradición, Llop insiste en que es una medida que compete a los tribunales. Esta posición no convence a los republicanos, que empiezan a perder la paciencia. «Existen los mecanismos y mayorías necesarias», replican fuentes de ERC que acusan al Gobierno de «inacción y silencio». «No vamos a parar», advierten a Moncloa.
